Por: Redacción/
Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se aprobó por unanimidad la Política Nacional Anticorrupción (PNA) que establece la agenda para todo el Estado mexicano en materia de combate a la corrupción, articulada en torno a 40 prioridades de política pública que deberán guiar la actuación de todas las instituciones públicas del país con alguna responsabilidad en este tema.
Con la aprobación de este documento, nuestro país cuenta con una estrategia, de largo plazo, para combatir el problema de la corrupción de forma integral a través de cuatro ejes: Combatir la corrupción y la impunidad; Combatir la arbitrariedad en el servicio público; Promover la mejora de la gestión en los puntos de contacto gobierno-sociedad, e Involucrar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción.
La Política Nacional Anticorrupción es resultado de un amplio proceso de diálogo y colaboración entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas, que considera que el combate a la corrupción no es una tarea que compete exclusivamente al gobierno, sino que también se requiere de un involucramiento activo y permanente de la sociedad en este proceso; así como la corresponsabilidad del sector privado para permear una cultura de la integridad en todos los sectores del país.
Con la aprobación de la PNA se inicia una fase clave que implicará traducir las 40 prioridades en acciones concretas y factibles, que sean implementadas por las instituciones públicas del país en el corto, mediano y largo plazos. Este reto implicará una nueva fase de diálogo y trabajo entre gobierno y sociedad que permita, en los tres poderes y los tres niveles de gobierno, articular programas que incidan de manera precisa en las problemáticas identificadas en la PNA.
Como parte de este proceso, y como instancia de apoyo técnico del Comité Coordinador del SNA, la SESNA deberá acompañar la fase de implementación, además de que deberá desarrollar los elementos técnicos-metodológicos que permitan, por una parte, evaluar los resultados y los impactos generados a través de la PNA y, por otra, medir la evolución del fenómeno de la corrupción en nuestro país.
En el marco de la sesión que tuvo verificativo en el Aula “B” de capacitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también se aprobó el Informe Anual del Comité Coordinador y el Informe de los avances en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional.
En la sesión estuvieron presentes Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; María de la Luz Mijangos Borja, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Loretta Ortiz Ahlf, representante del Consejo de la Judicatura Federal; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública; David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación; Rafael Anzures Uribe, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; José Octavio López Presa, Presidente del Comité Coordinador y Ricardo Salgado Perrilliat, Titular de la SESNA.
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