• Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sostuvo que el capítulo 23 del T-MEC reafirma compromisos asumidos a nivel internacional, reitera el ámbito jurídico doméstico para la protección de los empleados.

Por: Redacción/

El capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), relacionado con el tema laboral, puede servir para garantizar los derechos de los migrantes, pues tiene objetivos claros que buscan protegerlos, “desafortunadamente” no promueve una circularidad del trabajo que podría ayudarlos a ellos y a la región en su recuperación económica, señaló el doctor Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al participar en el VIII Seminario internacional de la red de estudios sobre América del Norte. Estrategias y políticas para enfrentar la crisis económica, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sostuvo que dicho artículo reafirma compromisos asumidos a nivel internacional, reitera el ámbito jurídico doméstico para la protección de los empleados, promueve la transparencia en la ejecución de legislaciones de los tres países y combate la violencia laboral (aspecto que era de la mayor urgencia incluir de manera vinculante en el tratado) y, en el caso de México, destaca la debida implementación de la reforma.

Además, como reflejo de las responsabilidades internacionales se encuentran en este artículo la proscripción del trabajo infantil y el forzado, pero destaca también el relacionado con la protección de los migrantes, tema “muy importante porque no es exclusivo para los jornaleros originarios de los países parte del acuerdo, sino que reconoce el potencial de aquellos que provienen de otras regiones allende estas tres naciones”.

En ese sentido es muy relevante no sólo para Estados Unidos donde viven en calidad de indocumentados más de 11 millones de personas de nacionalidad extranjera, sino también para México y Canadá que también tienen poblaciones de trabajadores migrantes, creadas a partir de los flujos de gente que desea mejores oportunidades de vida.

En el tema de solución de controversias el capítulo contiene un mecanismo de respuesta rápida en cuanto a derechos de libre sindicalización o transparencia en la forma en que se negocian las tareas colectivas o se realizan las revisiones salariales o de contenido contractual.

El mecanismo se queda muy corto para atender “algo urgente, que son los derechos laborales en los tres países”, ya que “solo se enfoca en una cuestión muy clara que es la libertad de asociación, sindicalización y transparencia”.

Celorio Alcántara subrayó que en este contexto es urgente reconocer la labor de extranjeros sobre todo en Estados Unidos, donde 16 por ciento de la población económicamente activa es migrante.

Los indocumentados aportan de manera sustancial a la economía estadounidense, por ejemplo, 74 por ciento de ellos realiza actividades consideradas esenciales, en comparación con 65 por ciento de la población nacida en ese país.

La más esencial de las actividades es la agricultura y en la pandemia de 2019 resaltó el valor de los jornaleros de este sector, quienes no pudieron permanecer en sus casas dado que su tarea es fundamental para el funcionamiento de esa nación.

Alrededor de 69 por ciento de los empleados del sector son nacidos en México, la mayoría indocumentados, aunque un buen número con visas H2A de trabajo temporal, subrayó.

El sector agrícola genera mayor riqueza por sus exportaciones “y por ello estamos estudiando en la cancillería si podemos argumentar que existe un dumping social”, porque un indocumentado puede ganar 50 centavos de dólar por una cubeta de jitomates y el kilo se venderá hasta en cinco dólares; además no goza de seguridad social ni de condiciones salubres, porque está expuesto a pesticidas y a la insolación, ya que no se cumple la ley para disponer de área de sombra y agua y como son inmigrantes irregulares si se quejan se les despide.

Otro de los grupos que se identificó como esencial en este periodo de crisis sanitaria fue el de las empacadoras de proteína (carne y pollo) en el centro oeste de Estados Unidos, en cuyos establecimientos la temperatura es elevada y la línea de producción requiere que los jornaleros laboren muy cercanamente y, por tanto, no conservan la sana distancia. “En un ambiente de pandemia, tal situación generó una mayor transmisión del virus y muchas muertes”.

En Estados Unidos va a la baja el índice de natalidad de nacionales y, aunado a ese cambio, la generación de los baby boomers se está retirando, por lo que hay más trabajo, pero no la suficiente población y esto genera oportunidades para los indocumentados, pues al haber un diferencial salarial significativo las personas de la región y fuera de ella buscan mejores opciones en el mercado laboral.

Este es un tema importante de atender con el T-MEC porque hay una obligación legal de Estados Unidos de ofrecer condiciones de trabajo dignas que ya están en sus leyes y que se deben de implementar, pero además porque hay un margen de ganancia que les permitiría hacerlo, comentó el funcionario.

Si hay un camino legal para que los empleadores estadounidenses se hagan de mano de obra, esto debería reflejarse en un aumento de las visas de trabajo temporales; sin embargo “nuestra sorpresa es que en el año fiscal 2020 apenas 200 mil mexicanos la obtuvieron, seguidos por guatemaltecos con dos mil visas en un año, lo que significa que apenas un cuarto de millón de personas fue a aquella nación para trabajar, cuando hay –y lo demuestra la cantidad de indocumentados– una gran oferta laboral y una necesidad de recuperación económica.

Ese cuarto de millón de trabajadores mexicanos y guatemaltecos trabaja en Estados Unidos por un año, aprende el idioma y nuevas técnicas y tiene una apertura de conocimientos debido a la convivencia, por lo que podrían regresar a sus naciones a compartir esta capacitación tecnológica, a generar ciclos virtuosos entre el empleador en cualquiera de los tres países y los nacionales de los otros para generar cadenas de confianza que ayuden a eliminar intermediarios, que son quienes abusan y se aprovechan de la trata laboral.

Además consideró que el capítulo 23 tendría que fomentar mecanismos en los que se respeten los derechos de los trabajadores y les permitan viajar de manera ordenada para realizar sus obligaciones y después contribuir en sus lugares de origen con mejores técnicas en favor del desarrollo económico.

Hacía falta que el T-MEC incluyera de manera vinculante disposiciones para que los tres países cumplan su legislación, pero la gran oportunidad que genera este capítulo es que eleva el tema laboral a un nivel de conversación donde por su misma naturaleza en el centro está el trabajador y, en ese sentido, el desafío es cómo lograr que cruce las fronteras y participe en círculos virtuosos.