Por: Redacción/

A través de un comunicado el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México (UNAM), se pronunció sobre el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, y de su hijo, y las lesiones causadas a su esposa y a su hija en el mismo hecho, por los que señaló son, además de una profunda tragedia para sus familiares y amigos, una ofensa mayúscula para la sociedad.

La UNAM sostuvo que “a pesar de la violencia desbocada y de la patente de corso que la impunidad ha otorgado a los criminales, ningún ombudsman había sido asesinado o atacado gravemente en nuestro país en 27 años de vigencia de la institución”.

“Parecía que las personas que representan a las instituciones públicas de defensa de los derechos humanos estaban automáticamente protegidas por lo que representan: la dignidad humana en su más acabada expresión. Acabamos de ver, con espanto, que no es así. Los criminales están dispuestos a todo dada la ineptitud de las autoridades para ejercer el primer deber de los gobernantes: garantizar la seguridad de las personas”, puntualizó la máxima casa de estudios del país.

Además dijo que “es elemental la exigencia de que se detenga a los asesinos y se haga justicia, pero la gravedad del crimen debe ser una llamada para que los gobernantes, la academia y la sociedad civil hagamos un esfuerzo auténtico y efectivo de reflexión y trabajo para reparar la ruina en que se han convertido las instituciones de seguridad pública y justicia penal”.

Para finalizar la UNAM indicó que “es indispensable y apremiante que se tomen las medidas adecuadas y suficientes para proteger eficazmente tanto a los integrantes de las instituciones públicas, como a los miembros de las organizaciones civiles de derechos humanos”.