Por: Redacción

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, condenó enérgicamente el asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien fue ultimada el pasado 10 de mayo en su casa de San Fernando, Tamaulipas.

El legislador del PRD sostuvo que este asesinato es, una vez más, producto de la omisión o negligencia del Estado Mexicano, ya que nunca estableció las medidas para salvaguardar la vida de la víctima, pese a que ésta había solicitado protección, luego de que denunciara que había sido amenazada de muerte.

De nada sirve, dijo el diputado federal, que ahora la Secretaría de Gobernación haya dado indicaciones al subsecretario para Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, a establecer contacto con la familia de la víctima para ponerse a sus órdenes, si Rodríguez Martínez ya fue asesinada, es decir, “después del niño ahogado, quieren tapar el pozo”.

Recordó que Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en 2012, después de que un grupo criminal secuestró a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, emprendió una investigación por su cuenta y dos años después halló el cuerpo de la misma en una fosa clandestina y entregó información para la captura de los responsables.

Comentó que esta situación entraña una enorme negligencia y desatención del Estado Mexicano, porque siendo éste el responsable de realizar las investigaciones y esclarecer el caso, deja a los familiares de las víctimas el cargo de realizar sus investigaciones, lo que también pone en peligro sus vidas.

Sin ninguna protección ni protocolo que los proteja, los familiares realizan investigaciones por su cuenta, enfrentándose a toda una red criminal, donde incluso podrían estar involucrados elementos encargados de la persecución del delito.

Aseveró que el deber de protección implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber.

Reiteró que hubo negligencia de las autoridades locales y federales porque la víctima solicitó la protección, después de enterarse de que uno de los delincuentes que ella había mandado a encarcelar por el secuestro y asesinato de su hija, se había escapado de una de las cárceles del estado de Tamaulipas.

Sin embargo, nunca fue atendida su petición con la seriedad que ameritaba el caso, y el gobierno de Tamaulipas, sólo atinó a protegerla con un rondín por su casa tres veces al día, que como se vio, resultó totalmente insuficiente para proteger la vida de la activista.

Por ello, insistió en la necesidad de realizar un periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados revise y en su caso apruebe la Minuta del Senado sobre la Ley General de Desaprisiones Forzadas, con la finalidad de establecer los protocolos que por un lado garanticen la investigación oportuna y eficiente de las desapariciones de las víctimas, y por otro proteja la vida de sus familiares.

Manifestó que no podemos dejar que los familiares de las víctimas tengan que realizar sus propias investigaciones –a riesgo de su propia vida- , y seguir permitiendo que el Estado sea omiso o negligente en los casos de secuestros o desapariciones forzadas.