Por: Redacción/
En México, la administración federal enfrenta desafíos enormes, pues el acceso a la justicia social se encuentra directamente relacionado con el papel fundacional del Estado para implementar políticas públicas en materia de seguridad y combate a la delincuencia, en cualquiera de sus dimensiones, refirió el doctor Mario Cruz Chavarría Suárez.
El investigador de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) explicó que existen ciertos matices de discusión en la promesa de transformación, respecto de los indicadores esenciales de un Estado democrático de derecho que encuentra obstáculos de organización y operación por acciones u omisiones.
Según Guillermo O’Donnell, Leonardo Morlino y Amichin Magen, entre otros autores, el Estado de derecho está vinculado con la homogeneidad del sistema legal y la capacidad institucional para formular, aplicar y hacer cumplir la ley, pero también se considera el control efectivo y jurídicamente sustentado en la totalidad del territorio, así como un Poder Judicial independiente y moderno, subrayó en el Primer Coloquio del Área de investigación Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio (PPESyT).
Además tiene que ver con el grado en el que las dependencias oficiales tratan con equidad, consideración y respeto a la ciudadanía; el cumplimiento de las libertades, garantías y la obediencia de los derechos humanos, y con fuerzas de seguridad que están bajo el control civil.
El Estado asume la tutela de esos aspectos a través del correcto funcionamiento de su estructura institucional y se contrapone a los regímenes arbitrarios o discrecionales con amplios márgenes de poder y sin restricciones.
Sin embargo pueden encontrarse algunas contradicciones en cuanto al deber ser y es cuando cobran importancia figuras nacionales que operan como engranajes en la marcha apropiada de la estructura institucional, refirió Cruz Chavarría Suárez.
Respecto de cuál es la ruta para construir un Estado de derecho democrático en México, el investigador refirió que “no se requiere de un mayor ejercicio de abstracción, pues la aportación que pretendemos con esta discusión es señalar que hay caminos trazados para lograrlo,” uno de ellos es el que ofrece el World Justice Project (WJP), que en su última edición incluye un ejercicio empírico sobre la evaluación y la medición a partir de los límites al poder gubernamental; la ausencia de corrupción; la apertura; las garantías fundamentales; el orden y la seguridad; el cumplimento regulatorio, y la justicia civil y penal.
“Encontramos que el país, en cualquiera de estos indicadores, está siempre por debajo del promedio internacional; por segundo año consecutivo obtuvo en términos generales un puntaje de 0.39 en una escala de cero a uno, donde uno indica el mayor índice de adhesión al Estado de derecho”, por lo que resulta “prioritario preguntarnos si esta noción es compatible con el compromiso de los gobiernos con la justicia social, lo que representa una clave para aproximarnos a la promesa de una transformación para enfrentar los grandes retos regionales y nacionales”.
Algunos desafíos identificados a partir de las grandes expectativas de la Cuarta Transformación están asociados al acceso a la justicia social y la necesidad de fortalecer a la sociedad civil y la democracia en el ámbito institucional.
En esta ocasión, el Coloquio versó sobre Las políticas y los programas públicos en el marco del gobierno de la Cuarta Transformación en México. ¿Continuidad o Transformación?
No Comment