• Article-19 precisó que los estados con más ataques a los periodistas fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. Cabe destacar que estas entidades concentraron el 47 por ciento de las agresiones a nivel nacional.

Por: Oscar Nogueda/

La organización Article-19 destacó que la violencia contra la prensa continúa en ascenso, por lo que señaló que el 2020 fue el año más violento para los periodistas desde que se tiene registro en México.

En la presentación del informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”, la ONG identificó 692 agresiones contra la prensa durante el año pasado, es decir un ataque cada 13 horas. Además, mencionó que los ataques aumentaron en un 13.6 por ciento en el 2020.

Asimismo, Article-19 precisó que los estados con más ataques a los periodistas fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. Cabe destacar que estas entidades concentraron el 47 por ciento de las agresiones a nivel nacional.

“En poco más de dos años de la presente administración, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor. Tan solo en 2020, se registró el asesinato de seis periodistas”, señaló Article-19.

Adicionalmente, subrayó que la mayoría de estos sucesos provienen de las autoridades federales. Asimismo, estas agresiones se replican en los estados debido a que las autoridades locales son alentadas por el discurso en contra de los medios de comunicación del gobierno federal.

“Se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que encuentran en las narrativas estigmatizantes un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”, mencionó Article-19.

Durante la pandemia de la Covid-19, alrededor de 100 periodistas fallecieron a causa del nuevo coronavirus, lo cual visibilizó la ausencia de medidas básicas para garantizar los derechos laborales y la seguridad social a los representantes de los medios. En ese sentido, la organización externó que las carencias laborales permiten una mayor vulnerabilidad, por lo que en esta situación convergen las responsabilidades del gobierno y de los dueños de los medios de comunicación.

“Para ARTICLE 19 la propuesta de política pública para disminuir la brecha digital se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos, en un contexto donde la falta de acceso a las telecomunicaciones la padece el 55 por ciento  de la población mexicana con un estrato económico bajo, y el 53 por ciento de la población rural”, expresó Article-19.

Por otro lado, el informe establece que el Presidente López Obrador continua centralizando la comunicación gubernamental, así como desde las conferencias matutinas el mandatario “pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma”.

“Califica de preocupante que los otros datos” que el presidente dice tener -sobre todo en materia de derechos humanos- parecen no existir en los acervos documentales oficiales, ya que, al solicitar a Presidencia vía transparencia el sustento de la información, las respuestas de “incompetencia” pasaron de 0 en 2019 a 329 en 2020”, agregó Article-19.

Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional de Article-19 para México y Centroamérica, mencionó que el sello gubernamental fue la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades durante el año pasado.

“Aunque es imposible cambiar en dos años un país cuyo deterioro de la vida pública data de hace 50 años, se siguen sosteniendo viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión”,  finalizó Leopoldo Maldonado.