Por: Redacción/

La Directora de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C, Cecilia García, denunció que Petróleos Mexicanos y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), bajo argumento de reducción presupuestal dejaron de pagar indemnizaciones a comuneros y ejidatarios de Tabasco y Puebla por concepto de pago por derecho de vía de ductos alojados en sus tierras, las cuales han sido afectadas por derrames de hidrocarburo y retención de agua que estos generan; así como por actos delictivos derivados de tomas clandestinas realizadas por huachicoleros.

En entrevista a medios, la directora de la Asociación Civil y representante legal de los afectados sostuvo que los adeudos superan los 75 millones de pesos de 2011 a la fecha en el Estado de Puebla y 150 millones de pesos de 2016 a la fecha en el Estado de Tabasco, mientras que los daños al ecosistema, a la agricultura y a la salud, son continuos e incalculables.

Cecilia García detalló que en el estado de Tabasco donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende construir la refinería de Dos Bocas, existe un adeudo acumulado desde 2016 por parte de PEMEX y CENAGAS en agravio de poco más de 3000 ejidatarios ubicados en poblados del municipio de Huimanguillo.

Indicó que en el Estado de Tabasco se ha visto afectada la producción de caña, coco, cacao, plátano y pastizales para ganado y en el Estado de Puebla la producción de hortalizas y maíz derivado de la contaminación a pozos de riego por derrames de diversos hidrocarburos de ductos de PEMEX por robo (huachicol) o daño derivado de falta de mantenimiento a infraestructura petrolera ubicada dentro de las tierras de los propietarios.

Aunado a esta problemática y a pesar de la falta de pago por legalización del derecho de vía, se le otorgo en el Estado de Puebla a PEMEX permiso para el alojamiento de una nueva línea de ducto flexible de 8” pulgadas de diámetro dentro de los 16 km aproximados en poblados que representa la Asociación, los trabajos iniciaron desde el mes de octubre de 2018, al día de hoy PEMEX tiene detenido el proyecto, argumentando que Presidencia de la Republica ha realizado recortes al proyecto y del personal que llevaba a cabo los trabajos, adeudando no solo el daño a los cultivos derivados de los trabajos en los terrenos donde se realizó una zanja de cuatro metros de profundidad, hay terrenos que han quedado descubiertos con los trabajos sin concluir, impidiendo las actividades normales de cultivo, afectando gravemente la economía de los campesinos y productores.

Lo anterior, comentó, sin considerar la gravedad de la contaminación al agua potable, ríos, a la tierra, al aire, así como el gran ruido que generan las instalaciones y trabajos de Pemex en la región de Tabasco.

Por tanto, exigió el pago por concepto de derecho de vía para los afectados en Puebla y Tabasco por parte de PEMEX mientras que CENAGAS debe hacer lo conducente en la entidad.

En el caso de CENAGAS expuso que esta institución federal tiene bajo su administración un gasoducto de 48 pulgadas de diametro, es decir, que mide poco más de 1.5 metros de altura y cruza 16 poblados del municipio de Huimanguillo, Tabasco, con una cobertura de poco más de 50 kilómetros por el cual CENAGAS debe pagar por concepto de retención de agua, es decir, el agua que se acumula a lo largo y ancho el ducto, dentro de cada una de las propiedades afectadas, lo que propicia crecimiento de maleza propia de la zona aumentando con ello la cantidad de agua retenida lo que provoca perdida de cultivos y desaprovechamiento de los terrenos, aunado a la falta de medidas correctivas que se deben llevar a cabo en los drenes de salida de los cauces naturales de agua, los cuales se ven interrumpidos por dicha infraestructura.

Sin embargo, denunció que CENAGAS pagó de 2016 a 2018 cerca de 40 millones de pesos a investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para elaborar un estudio sobre las afectaciones, el cual determino el criterio de “zona improcedente de pago” a diversos poblados del Estado de Tabasco y Veracruz quienes por el daño a la tierra cultivable derivado de retención de agua se les indemnizaba con poco más de 50 millones de pesos al año hasta antes de 2016 por parte de PEMEX, cabe señalar que estos dictámenes entregados a cada uno de los afectados carecen de firma alguna por parte de algún profesional de la UNAM, así como errores graves en los mismos.

Ahora con la negativa de pago y la intención institucional de desconocer a la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C, como representante de los afectados CENAGAS pretende “negociar a modo” con los ejidatarios a quienes en algunos casos pretende pagar solo 2 mil pesos cuando la indemnización oscilaba en los 15 mil pesos por retención de agua en sus tierras, bajo el mismo argumento de PEMEX de que “hay ajuste presupuestal”, aunado a esto las dictaminaciones de improcedencia de pago.

También denunció que CENAGAS pretende realizar otro estudio más junto con PEMEX e imponer que el pago sea a menos de medio kilómetro de distancia del ducto de la tierra afectada y a una distancia mayor determina improcedente el pago por indemnización.

Esta problemática es de urgente atención pues a ello se suma el huachicoleo y el ingreso de nuevas empresas petroleras que iniciaron operaciones en pozos, las cuales no están siendo llevadas a cabo de acuerdo a la Reforma Energética, estos pozos fueron considerados por PEMEX, como “improductivos”, aunado a esto la irregularidad en los apoyos a los poblados, realizando obras de pésima calidad en las que no se ejerce en su totalidad los presupuestos acordados.