Por: Redacción

El Ejecutivo federal presentará ante el Senado de la República una iniciativa para la conformación de la Ley General Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de homologar la norma en todas las entidades federativas y que sea posible erradicar este delito violatorio de los derechos humanos y de las garantías individuales.

Así se informó durante el Conversatorio sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, convocado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez,  en el que especialistas, autoridades y representantes de organizaciones sociales se pronunciaron a favor de fortalecer las acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De la Peña Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del PRD, destacó que el objetivo del Senado, como cámara impulsora de la nueva ley, es que haya una sola norma en materia de tortura en el país, pues actualmente “hay entidades que no lo tienen tipificado debidamente, y en algunas ni siquiera existe el tipo penal”.

Lo anterior, abundó, requiere de la revisión de la legislación en la materia, pues es necesario tener claridad en las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que el Estado de Derecho funcione. En ese sentido, la revisión de la Ley Contra la Tortura tiene que ver con la revisión de las leyes de Ejecución Penal, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De la Peña Gómez advirtió que “la sociedad mexicana está harta de que digamos muchas cosas, pero concretemos pocas acciones para cambiarlas”, y de ahí la importancia de escuchar las voces de expertos, de la sociedad organizada, así como de las autoridades de gobierno.

En ese contexto, el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, anunció que en breve el Ejecutivo federal presentará una iniciativa, cuyo objetivo es establecer bases sólidas para contar con un mecanismo nacional más efectivo en la prevención y erradicación de la tortura.

La iniciativa, que será puesta a consideración del Senado, registra un punto de coincidencia de legisladores y representantes de organizaciones sociales: la necesidad no sólo reconfirmar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino es establecer los lineamientos para su cabal cumplimiento.

Por ello, el anteproyecto incluye un capítulo específico con la regulación para garantizar de manera integral la prevención de los delitos de tortura, a través de un mecanismo nacional con una mirada de que el ciclo de políticas públicas atienda la realidad cotidiana de la población.

En cuanto centros de privación de la libertad, se prevén facultades del presidente de la CNDH para que pueda invitar de manera permanente a personas, instituciones o representantes de la sociedad civil, de la academia, organismos nacionales e internacionales, para realizar visitas y participar en otras medidas de supervisión.

Permitirá implementar los mecanismos para contar con información estadística respecto al número de personas privadas de su liberad, lugares de privación de libertad y su ubicación física, entre otros datos.

Betanzos Torres añadió que la PGR presentara “en unos días”, ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un anteproyecto de indicadores en materia de derechos humanos, el cual se elaboró también de la mano con la oficina del Alto Comisionado de la ONU.

El propósito es instituir una evaluación de las políticas públicas, tanto en lo concerniente a su diseño como operación. “Ello implica el acceso –de autoridades de la CNDH y organizaciones sociales– a la información sobre el trato de las personas privadas de la libertad, condiciones de su detención, y establecer un acceso sin ningún tipo de restricción a los lugares de privación de libertad, así como el que puedan entrevistarse con las personas privadas de su libertad”.

Estas y otras acciones, agregó el funcionario de la PGR, tienen el objetivo de fortalecer el mecanismo de prevención de la tortura, tratos inhumanos y degradantes, así como empatar sanciones penales contra los responsables e incluso contra aquellos que hayan tolerado la comisión de estos delitos.

Especificó que la iniciativa plantea establecer los fundamentos para dar cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención.