Por: Javier Bárcenas/

Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, informó ante diputados que, entre agosto de 2015 y lo que va de este año, se han iniciado dos mil 231 averiguaciones previas por el delito de feminicidio, de las cuales 517 han derivado en sentencias.

Al comparecer ante los legisladores en San Lázaro, como parte de la Glosa del VI informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, manifestó que de las 517 sentencias emitidas por feminicidio, el 90 por ciento ha sido condenatoria.

Ante Comisiones Unidas de Gobernación y Población, de Seguridad Pública, de Asuntos Migratorios, y de Protección Civil y Prevención de Desastres, el funcionario abordó el tema de los feminicidios, ante cuestionamientos del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (PES).

Destacó que actualmente el delito de feminicidio figura en todos los Códigos Penales del país y se le da el mismo tratamiento y el mismo protocolo.

El secretario de Gobernación apuntó que durante la actual administración federal se recibieron 45 solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres, de las cuales resultaron 30 procesos de alerta.

“(De esos 30 procesos) se han declarado alertas de género en 15 entidades federativas, siete se encuentran en proceso de cumplimiento y ocho han sido dictaminadas como no declaradas”, indicó

También comentó que el 93 por ciento de las denuncias por lesiones y violencia contra la mujer, física o psicológica, corresponde a violencia intrafamiliar.

Los casos de violencia intrafamiliar, frecuentemente, “no llegan a sentencia condenatoria, porque se admite el perdón, y porque muchas veces, quien ejerce la violencia es el proveedor alimentario. Ése es un tema pendiente que tenemos que atender”, dijo.

Destacó que la actual administración construyó 30 centros de justicia para las mujeres, “casi la totalidad de los 40 centros que están en operación el día de hoy”.

La política nacional de igualdad de género del gobierno federal, “ha permitido avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente su derecho a vivir una vida libre de violencia”, manifestó.

Recordó a los diputados que han pasado 10 años sin definir qué tipo de modelo policial se requieren en los estados y los municipios, si mando único o mixto, y ello “genera debilidad institucional”.

Advirtió que tampoco se ha legislado en torno las labores de seguridad que realiza el Ejército, este tipo de indefiniciones “generan vulnerabilidad en todos, en las Fuerzas Armadas por su tarea, en los civiles que están en la calle sufriendo el embate de la delincuencia, y en las fuerza de seguridad”.