• El decreto presidencial plantea la liberación de la población privada de su libertad por delitos del fuero federal  sin sentencia durante 10 años, a quienes se les compruebe por medio del Protocolo Estambul que sufrieron tortura y a adultos mayores con afectaciones de salud.

Por: Oscar Nogueda/

La organización Documenta A.C.  llamó al gobierno federal a implementar mesas públicas en las que participen personas privadas de su libertad, familiares, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos antes de la elaboración del decreto presidencial sobre la liberación de personas privadas de la libertad.

El pasado 6 de agosto, Documenta entregó un documento a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con recomendaciones para elaborar este decreto anunciado el 29 de julio por el presidente López Obrador.

Este decreto plantea la liberación de la población privada de su libertad por delitos del fuero federal  sin sentencia durante 10 años, a quienes se les compruebe por medio del Protocolo Estambul que sufrieron tortura y a adultos mayores con afectaciones de salud.

Dentro de las recomendaciones, se encuentra la instalación de mesas de seguimiento de este decreto presidencial, la reconsideración de utilizar el Protocolo Estambul como único criterio para comprobar la comisión de tortura debido a que  existe un rezago en su aplicación y  este no sustituye, ni elimina otras pruebas. También,   pidió considerar los derechos de las víctimas, sobre todo su derecho a recibirá una reparación integral.

“Otras consideraciones son la necesidad de reforzar el número de expertos independientes y peritos especializados para la realización exámenes médicos-psicológicos basados en el Protocolo de Estambul,  así como de otras pruebas en la investigación de la tortura. Contemplar medidas de reinserción integral y reparación de los derechos de las personas privadas de la libertad después de la liberación, así como de sus familiares”, señaló Documenta.

A pesar de ello, manifestó su preocupación sobre la incertidumbre que rodea al proceso de selección de las personas que pueden acceder al beneficio de excarcelación, así como por la falta de programas de justicia restaurativa y de la vigilancia de las medidas no privativas de la libertad respetuosas de los derechos humanos.

Otras de las preocupaciones de la organización, son las deficiencias del Poder Judicial en el otorgamiento de las liberaciones por políticas penitenciarias, el rezago en la impartición de justicia, así como la ocupación de manera indiscriminada de figuras como la prisión preventiva oficiosa.

“Todo lo anterior con la finalidad de abonar al buen desarrollo e implementación del decreto de liberación anunciado, en la espera de que este represente una herramienta a favor de todas aquellas personas privadas de su libertad a las que se les han violado sus derechos humano”, finalizó Documenta.