• El jurista Santiago García Luque, a través del despacho José Antonio García Alcocer, entra a los temas de las grandes ligas. A través de la privatización de la justicia.

Por: Israel Mendoza Pérez-@imendozape/

Desde hace tres décadas, el jurista Santiago García Luque, a través del despacho José Antonio García Alcocer y Asociados, entendió que los grandes casos y con mayor rentabilidad se mueven en la administración pública. Ahora su nueva presa son los bienes del exgobernador Roberto Borge Angulo.

Se trata de uno de los “peces gordos” del pasado reciente. A Borge Angulo, de acuerdo con la carpeta administrativa 151/ 2017, se le acusa de haber obligado a sus subalternos Javier Zetina y Carlos Acosta a firmar dos contratos distintos para la renta de aviones y un helicóptero en asambleas celebradas el 5 de abril de 2011 y el 6 de diciembre de 2013, con una afectación de 319 millones 941 mil 164 pesos.

Ahora, por 14 millones de pesos, el despacho de García Luque emprende la cacería de gobernadores del pasado. Aunque ahora, comenzó a trabajar el despacho en Quintana Roo para supuestamente investigar y litigar o acordar extrajudicialmente la devolución de los bienes muebles e inmuebles sustraídos del patrimonio del estado durante la gestión de Roberto Borge.

Su trabajo de sabuesos ya comenzó. Desde hace semanas atrás ya se les facilitaron nombres de todas las personas físicas o morales involucradas; información patrimonial de las mismas; vínculos de parentesco, relaciones de naturaleza comercial y societaria; información del Registro Público y del registro vehicular; un listado de bienes muebles e inmuebles enajenados durante esos años; información relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales, y en general cualquier información que le sea de utilidad a los litigantes.

Ya con la información en sus manos, el despacho de García Luque elabora un reporte con las listas de activos identificados, recursos y bienes ubicados, lugar donde se encuentran, titular, naturaleza de la presunción de la presunción de ilicitud, estrategias de recuperación, análisis de factibilidad incluyendo el costo-beneficio de la operación, plazo estimado para la recuperación, entre otros. De esta manera, hace el juego sucio a trasmano de los ajustes de cuenta entre grupos políticos.

Después de esto, la firma representa judicialmente al contratante y emprende acciones legales, civiles y mercantiles para el retorno de los bienes. Una tarea que bien podría hacer la administración pública, no obstante, hay quienes optan por la vía privada, con todo lo que ello conlleva. De esta forma, el suntuoso despacho entra a los temas de las grandes ligas. A través de la privatización de la justicia.

Según una de las cláusulas, bajo el contrato en el que contrataron a este despacho es que el despacho tiene derecho, por tiempo indefinido, a cobrar un “bono de éxito” por los resultados favorables, mismo que equivale al 30 por ciento del monto recuperado y depositado en cuentas del contratante, cualquiera que sea el origen de la recuperación, es decir, ya sea resultado de resolución firme de autoridad competente o resultado de acuerdos o convenios extrajudiciales de conformidad con los mecanismos nacionales e internacionalmente aceptados para la resolución de controversias, esto incluyendo el valor de los bienes inmuebles recuperados.