• La tortura y posterior desaparición de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en mayo de 2007, carece de la atención e interés del subsecretario.

Por: Israel Mendoza Pérez-@imendozape/

La cuarta transformación vive una dicotomía entre la deuda histórica del pasado con las víctimas de la “guerra sucia” y desdeña a los agraviados del presente. Presionado por la dirigente de Eureka y ombudsman nacional, Rosario Piedra, desde 2019, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, tardó dos años en crear una comisión de la verdad. Sin embargo, la tortura y posterior desaparición de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en mayo de 2007, carece de su atención e interés.

Pese a que en una reunión en las oficinas de Segob, Encinas Rodríguez se comprometió con los familiares de ambos los luchadores sociales a hacer las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas a favor del caso de la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario, su voluntad política es disfuncional y su speech es la impostura de la cuatroté.

En dos años, no ha cumplido con el acuerdo de realizar las gestiones necesarias a fin de buscar el desistimiento del recurso de revisión elaborado por la Sedena y la Fiscalía General de la República luego de la resolución judicial que fue ratificada en la sentencia de amparo 942/2013-2, en mayo del 2019, que ordenó realizar la búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya en cuarteles militares y crear una comisión especial de búsqueda entre otras cuestiones de caso.

Responder al pasado y minimizar el presente atrapa a Alejandro Encinas en el tiempo. Su agenda ya cambió. Ahora, que le tiene que entregar cuentas al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por ello comienza a sacar del archivo los temas desechados. Ya desahogó la reunión con las víctimas del pasado, pero aún falta el presente ya que la respuesta de los eperristas desaparecidos no sólo es con un colectivo; sino que el grupo armado, con influencia en Oaxaca, aún tiene activa la búsqueda y conocimiento de la verdad del paradero de sus militantes.

De acuerdo con un exhorto enviado al subsecretario, por parte de las ahora activistas Margarita Cruz Sánchez y Nadín Reyes Maldonado, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, lamentan que a tres años de este gobierno no exista la voluntad política suficiente “para terminar con este grave crimen de lesa humanidad y se continúe haciendo oídos sordos a las peticiones de miles de familias que exigen encontrar a sus seres queridos y castigar a los responsables. Desafortunadamente, no hemos visto hasta el momento un cambio sustancial en la implementación de nuevas políticas para brindar a las víctimas el real acceso a la verdad y la justicia”.

Encinas no puede argumentar falta de elementos para fijar una postura. Información documental, testimonios y un expediente en manos de la Sedena y la FGR, además de un posicionamiento por parte de la CNDH, son elementos más que suficientes para tener información sólida sobre el caso que ya se convirtió en herencia de dos sexenios.

Al igual que el ministro Arturo Saldívar, el subsecretario de gobernación tienen la oportunidad de resolver un caso que se encuentra atorado en el presente. La expectativa de las organizaciones de tener a Encinas Rodríguez se desinfla ya que su trabajo se institucionaliza y no responde a crear la llamada secretaría de los derechos humanos que es el siguiente paso de la cuatroté, si pretende trascender.