• La fiscalía de la ciudad se fue por la salida menos costosa, encontrar a los posibles responsables entre funcionarios de menor nivel y las empresas encargadas del supervisar el tramo colapsado en el que perdieron la vida 26 personas.

Por: Israel Mendoza Pérez-@imendozape/

La “verdad histórica” sobre la tragedia de la L-12 se queda con señalar a personajes operativos del Proyecto Metro y a al consorcio encargado de la supervisión del proyecto ejecutivo de la Línea Dorada y, como ocurrió desde la noche del 3 de mayo. El tema de insinuar a personajes de primer nivel de esta administración o de la pasada en la Ciudad de México era entrar al terreno de la politización y eso, según con los cálculos, atraería puntos negativos a la cuatroté.

Por eso es que la fiscalía de la ciudad se fue por la salida menos costosa, encontrar a los posibles responsables entre funcionarios de menor nivel y las empresas encargadas del supervisar el tramo colapsado en el que perdieron la vida 26 personas.

Lo que está en juego y la trayectoria que lleva esta investigación es acusar a final de cuentas una serie elementos cargados de corrupción por los millonarios contratos que se firmaron, tanto por autoridades como empresarios. Pero todo se queda en la esfera de las empresas omisas en los protocolos.

Sólo Enrique Horcasitas Manjarrez, quien fue el director del proyecto Metro es el personaje mediático sobre quien hay una investigación. Los otros nueve Juan Antonio Giral, director de Diseño y Obras Civiles del Proyecto Metro; Moisés Guerrero, director de Construcción; Héctor Rosas, subdirector de Obra Civil; Enrique Baker, subdirector de Estructuras; Guillermo Leonardo Alcázar, director responsable de la obra; Ricardo Pérez, encargado de seguridad estructural; Juan Carlos Ramos, residente de obra tramo Olivos-Tezonco (la parte colapsada); Fernando Amezcua, director general de supervisión de obra (y representante del consorcio constructor, LITSA, IACSA y EINSA) y Fernando Ramiro Lalana, director de coordinación de supervisión de obra, forman parte de un entramado que se direccionó desde los primeros días de la tragedia.

Y es que el consorcio de la Supervisión de la Obra Civil fue conformado por LITSA, IACSA y EINSA quienes firmaron el contrato con el Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF) número 002, el 26 de febrero de 2009, por un monto original de 175 millones de pesos, incrementándose a 240 millones de pesos. Entre sus responsabilidades estaba la verificación del cumplimiento de la calidad de la obra que se supervisa, la entrega de los programas, el control de los presupuestos, la entrega-recepción, liquidación y finiquito; así como la supervisión de trabajos de obra civil. Sin embargo, es el grupo de empresas que fallaron y sobre las que se debe investigar a profundidad.

Aunque los ojos están puestos en IACSA ya que fue la encargada de supervisar la obra civil desde los talleres en Tláhuac hasta la estación Culhuacán, es decir 11 estaciones elevadas en donde se encuentra el punto crucial entre Olivos-Tezonco.

Es decir, la fiscalía decidió llevar la investigación por la narrativa de la acusación contra exfuncionarios, de medio pelo, empresas que supervisaron la obra civil y cerrar el paso a la especulación política para no contaminar el camino de los presidenciables de la cuatroté.