Por: Redacción

Para construir un Presupuesto que fomente la competitividad, el crecimiento económico, y una distribución justa del ingreso y la riqueza, es indispensable diseñarlo con un enfoque anticorrupción, consideró la Diputada Minerva Hernández Ramos.

“Resulta mucho más difícil abatir la desigualdad económica entre la población cuando tenemos un gasto público ineficiente: gastamos mucho y gastamos mal”, indicó la diputada por Tlaxcala, durante su participación en el Foro “El Poder Legislativo y su rol frente al Proceso Presupuestario”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión (CESOP) de la Cámara de Diputados.

La legisladora panista enlistó alguno de los efectos nocivos de la corrupción en el gasto, como los “precios alzados” en obras públicas, las compras con sobreprecios, las asesorías con cifras “disparatadas” y aseguró que mientras estas no sean erradicadas sancionadas, será complicado que el Presupuesto cumpla con sus objetivos.

“Allí donde se permita la discrecionalidad, donde no haya una sanción clara a conductas ilícitas y donde no exista una rendición de cuentas efectiva, serán los espacios en los que la corrupción permea, corroa, destruya y contamine”, reiteró.

Para resolver esta situación, Hernández Ramos consideró necesario “determinar si el Congreso de la Unión cuenta con órganos técnicos verdaderamente capaces de analizar los riesgos y temas que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal, así como llevar a cabo el monitoreo de reglas fiscales y la supervisión de las normas presupuestarias” a lo largo de cada año fiscal.

El segundo cambio deseable, agregó, es la inclusión y apertura de espacios para la consulta al público sobre el Presupuesto de Egresos, como mecanismo para “enriquecer el proceso de toma de decisiones y aumentar su calidad y legitimidad”.

En ese sentido, la Diputada anunció que en los próximos días se presentarán dos iniciativas, elaboradas en coordinación con el Colectivo Prespuesto Sostenible (PESO), para crear una Oficina Bicameral de Presupuesto, similar a las que funcionan en otros países; y otra para regular la participación de la sociedad en el diseño y asignación del gasto público.