Por: Redacción
El diputado Victoriano Wences Real (PRD) subrayó que, a pesar de la reforma constitucional de 2001 en materia de derechos y cultura indígena, la ausencia de una entidad pública de investigación jurídica, social, cultural y legislativa en este tema, ha impedido que la discusión en comisiones de San Lázaro para mejorar las condiciones de los pueblos originarios, tenga la calidad e importancia que merece.
Por tanto, promueve una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear en la Cámara de Diputados el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas que, además de brindar apoyo técnico a los legisladores, lo haría también a instituciones académicas, investigadores y a la ciudadanía en general interesada en el tema.
Wences Real, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, menciona que este grupo poblacional asciende a 15.7 millones de personas; 6.6 millones de ellos hablan alguna lengua originaria y 9.1 no lo hacen, de acuerdo con el más reciente Censo de Población y Vivienda del Inegi (2010).
Pese a este escenario, los legisladores enfrentan la problemática de no contar con información sociodemográfica actualizada. Peor aún, señala, tampoco se sabe con precisión la magnitud del fenómeno de los indígenas desplazados y el incremento de su migración internacional, factores que configuran nuevas realidades para ellos.
“Las tareas de investigación del centro de estudios propuesto, cubrirían la necesidad de dar certidumbre a las funciones legislativas de comisiones y diputados, y de apoyarlos al emitir opiniones institucionales calificadas, y al revisar las minutas turnadas en materia indígena y las iniciativas en proceso de elaboración o dictaminarción”, agrega.
Además, el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas evaluaría y daría seguimiento a los programas y acciones gubernamentales para abatir los rezagos del sector; concretamente, puntualiza, valoraría la aplicación de recursos federales etiquetados para ellos y propondría criterios de asignación presupuestal.
Asimismo, le correspondería clasificar y organizar un acervo propio. “Todas las actividades mencionadas tendrían como propósito apoyar las decisiones que en su momento asuman las comisiones legislativas”, reitera Wences Real.
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