Por: Redacción/

El senador Juan Manuel Fócil Pérez señaló que en el tema de apoyos a las MiPymes, los recursos otorgados a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, no coinciden con los datos reportados por el INEGI.

“Llama la atención que en 2014 había 4.2 millones de unidades económicas y con los programas de gobierno hayamos apoyado a 4.4 millones de nuevos empresarios y empresarios que ya existían”, mencionó.

Ante el Pleno del Senado de la República, el senador del Grupo Parlamentario del PRD destacó que las cifras que arroja el informe de gobierno resultan ridículas, pues en 2018 la inversión para nuevos negocios se redujo en un 57 por ciento.

“Y si se toma en cuenta el total de inversión a través del INADEM, nos da una cifra de 43 mil 845 millones de pesos y si los beneficiarios son 4.4 millones, pues nos da una cifra de 9 mil 964 pesos de apoyo promedio por beneficiario, lo cual realmente es ridículo, alcanza para una computadora si acaso. O su informe está mal o algo está sucediendo con las cifras que no están cuadrando bien”, recriminó a la Secretaría de Economía federal.

Además, informó que según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la gestión de Enrique Jacob Rocha se suscribieron 54 proyectos y convenios que recibieron dinero antes de que fueran notificados con la aprobación de dichos recursos. “Aquí se pasaron de eficientes”.

“Es muy importante que podamos saber si el dinero del pueblo que se está invirtiendo, nos está dando resultados positivos en la economía del país que sean tangibles”, por ello exhortó conocer cuántas unidades económicas existen hoy, cuál es la efectividad en el manejo de estos recursos y cuál ha sido el beneficio real de los recursos repartidos en este tipo de apoyos.

“O sea, ¿cuál sería nuestro resultado? ¿Cuánto representa en el incremento del PIB? O, ¿cuánto son las ventas? Si hemos mejorado ventas con estos apoyos de estos negocios. ¿Cuántos empleos se han generado?”, cuestionó

Además, Juan Manuel Fócil Pérez apuntó que pese a que de acuerdo con los índices de competitividad global publicados por el Foro Económico Mundial, México se ubicó en la posición 51, lo que representa una mejora respecto a años anteriores, en materia de transparencia se pasó del lugar 102 al 117, y en el indicador de instituciones se descendió siete lugares, para ocupar la posición 123 en esta categoría que contempla el desempeño del gobierno, la eficiencia en el gasto público, y la interacción con los actores privados.

“Existe un deterioro en la percepción de los empresarios en las áreas de ética y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos; y somos el lugar 131 en costos para los empresarios, derivado de la inseguridad”, señaló el representante por Tabasco.

En cuanto a confianza en la clase política, Juan Manuel Fócil Pérez destacó que el país se ubica en la posición 127, y en la 118 en eficiencia del gobierno para solucionar controversias laborales o de derechos de propiedad, “quiere decir que sí hemos avanzado, a pesar de que nuestras instituciones no están respondiendo como lo necesita nuestro país”.

Sin embargo, lamentó que por tercer año consecutivo la corrupción sea considerada el principal obstáculo para hacer negocios en México, “uno de cada cinco encuestados la apunta como su principal preocupación. Esto refleja la ineficiencia de la política anticorrupción aplicada en este gobierno”.

En tanto, la senadora Leonor Noyola Cervantes recordó que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos contempla la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes –signado por México— protege el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales.

En este sentido, la legisladora resaltó que de conformidad con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, más del 13 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, que, desde luego, abarca el territorio en donde se encuentran ubicadas comunidades y pueblos indígenas.

Ante esta situación, aseguró que uno de los temas prioritarios para la fracción parlamentaria del PRD, integrada también por el coordinador, Miguel Ángel Mancera Espinosa y los senadores Juan Zepeda Hernández y Antonio García Conejo, es lo relativo a los pueblos y comunidades indígenas, “sobre todo en materia de consultas previas en todos los temas que les afecten”.

Por lo que hizo un llamado para conocer la situación actual del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de consulta indígena en el sector minero y qué acciones se han realizado para atenderlos.