Por: Redacción/

A fin de allegar mayores probabilidades de desarrollo a discapacitados, incluso de sobrevivencia ante eventuales desastres derivados de fenómenos naturales, a través de un acceso efectivo a la educación, la diputada María Luis Beltrán Reyes propuso adecuar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

A través de una iniciativa de reforma a dicho ordenamiento propone agregar el artículo 12 Bis al Tercer Capítulo –relativo a educación- para que las instituciones de educación superior, públicas y privadas, reserven un porcentaje de sus vacantes por especialidad profesional a aspirantes con algún tipo de discapacidad.

Plantea además agregar un segundo párrafo al artículo 22, comprendido en el Capítulo VII –“Recopilación de Datos y Estadísticas”- para que los organismos o entidades de los diferentes sectores y órdenes de gobierno incorporen en sus censos sobre la situación cuantitativa y cualitativa sobre esta población.

“Esta información –dice el mencionado párrafo- será enviada al Consejo para su difusión y deberá ser utilizada por todos los sectores y niveles de gobierno en su la formulación, planeación y ejecución de sus políticas y programas”.

También incluye el párrafo VIII al artículo 37 –inscrito en el Capítulo XII: Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad- a fin de promover acciones de prevención y condiciones para establecer zonas de seguridad y resguardo en materia de Protección Civil para su atención y auxilio en situación de emergencia o desastre.

En su argumentación sobre esta propuesta de reforma, Beltrán Reyes señala que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay alrededor de cinco millones de 739 mil 270 personas -5.1 por ciento de la población nacional- con algún tipo de discapacidad.

Recordó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la educación es el tránsito de un individuo de un estado de dependencia relativa a uno de relativa independencia mental, física, emocional y social.

En México, sin embargo, la población con discapacidad analfabeta de 15 y más años en 2014 fue de 22.7 por ciento, mientras que las personas sin discapacidad representaron sólo el 5.1 por ciento. Además, el acceso de personas con algún tipo de discapacidad a nivel superior es de sólo 5.7 por ciento respecto al 17.5 por ciento de acceso de personas sin discapacidad.

Agregó que hay menos personas con algún tipo de discapacidad a medida que aumenta el nivel de estudios.

“Es preocupante que la discriminación y exclusión en la educación se encuentre a este nivel. Actualmente a las personas con discapacidad no se le brindan las herramientas necesarias para generar aprendizaje, haciendo de la inclusión una simulación en donde el fracaso escolar produce y reproduce el analfabetismo. Se discrimina en la cultura popular que sigue practicando el prejuicio y la indiferencia”, denunció.

Al respecto indicó que esta población, como la de adultos mayores, sufren más los riesgos derivados de emergencias –como los causados por una inundación o un sismo- debido a sus limitaciones para la movilización oportuna.

“Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, 80 por ciento de las personas con discapacidad en el mundo tendría alguna dificultad o no sería evacuado ante algún desastre, como terremotos, inundaciones, mientras que sólo 20 por ciento podría ser rescatado de inmediato y sin dificultad”.

Por ello insistió en que es necesario que para garantizar la igualdad y los Derechos Humanos de todos, se incorpore a este sector en las actividades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia.