Por: Redacción

Diputados de las comisiones de Agua Potable y Saneamiento, de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Sistemas de Riego, así como representantes del sector empresarial, se manifestaron por perfeccionar el marco jurídico en materia de agua y consolidar un adecuado sistema financiero en este tema.

Al reunirse en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), destacó que es importante tener una ley acorde a las necesidades de México, para hacer valer el derecho humano al agua y tener un esquema eficaz y competitivo.

El modelo actual del agua no está funcionando, carece de calidad y cantidad. Además, el artículo 115 constitucional es fundamental, pues ahí está la responsabilidad municipal, y urgió a implementar un sistema financiero para este vital líquido, que incluya un método tarifario puntual y no esté inmerso en la toma de decisiones políticas, ya que se carece de un árbitro que determine el costo.

Para ello, adelantó, se buscará una reunión con funcionarios y especialistas para analizar el tema, conocer la disponibilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir un fondo del agua, cuyos recursos se orienten hacia los organismos operadores y llevar este insumo natural a toda la población, pues un estudio dice que sólo 14 por ciento de los mexicanos tiene agua las 24 horas del día.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputado Germán Escobar Manjarrez (PRI), resaltó la importancia de contar con un anteproyecto de la Ley General de Aguas, pues en el tema agrícola México tiene regiones con mucha agua, y otras donde hay poca.

El tema agua, externó, debe estar por encima de partidos. Para generar producción de alimentos se ocupa agua y la industria también la requiere pues ahí están los empleos. Se necesita un mejor cuidado del líquido, sobre todo cuando hay sequías, abundó.

Agregó que este sector requiere la participación del sector privado, así como pagar más por el agua para que haya un equilibrio. “Estamos conscientes de que hay que gastar por ella y demandamos se hagan más presas, ya que importamos 13 millones de toneladas de granos”.

Por el PRD, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios se pronunció por garantizar el derecho humano al agua, encontrar la manera de equilibrar y complementar todas las demandas de los distintos sectores, y propiciar una visión de mediano y largo plazo.

Destacó que si hay leyes complejas, está “sería un tema en donde hay mucho qué hacer. La Ley de Aguas Nacionales ya no obedece a la realidad del país, no solamente en cuanto a lo que podría haberse adecuado conforme a tecnología; tenemos que reconocer que la realidad ya nos alcanzó en el rubro del agua; debemos hacer una legislación que no se traslape y no tenga contradicciones con otros ordenamientos”.

El secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputado Rodrigo Abdala Dartigues (Morena), expresó que no existe una política pública que conduzca a la elaboración de una nueva ley en la materia; el único antecedente es aquella iniciativa de la legislatura anterior, la cual “buscaba en realidad trasladar el agua por medio de trasvases y existía el riesgo de legalizar el fracking”.

No siempre se cobra lo justo por el agua. “De hecho sabemos que el pago de derechos de las concesiones no se ha actualizado, pero algunos usuarios sí sufragan su consumo doméstico, y en casos como el de Puebla la tarifa aumentó entre 300 y 400 por ciento más de lo que existía”, añadió.

De Acción Nacional, el diputado Pedro Garza Treviño hizo votos por mejorar la Ley General de Aguas, pues “no es posible golpear al que este ahorrando este líquido y reducirles el suministro porque no la está usando; debemos estimular el uso eficiente. La ley debe ser clara, y si se invierte para tratar el agua y regresarla en un proceso, se les debe dar estímulos fiscales”.

Se manifestó por tener un ordenamiento fluido, ligero y aplicable, el cual genere empleos, divisas e impuestos. Pidió iniciar una mesa de trabajo sobre producción y generación de desarrollo sustentable, y otra donde se analice la Ley Federal de Derechos.

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado de Morena, argumentó que se está ante una coyuntura nacional y una crisis sistémica derivada de la corrupción; “hay una suerte de abusos que han reventado la estructura de la administración del agua”, apuntó.

Urgió a emprender una ley y una política donde participen los sectores agrícola, empresarial y organismos operadores. Estos últimos, dijo, “enfrentan una crisis derivada del presupuesto y se aproxima una de tipo social, ya que la gente tendrá problemas para acceder al agua”.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM) expresó que es fundamental compaginar el Estado de derecho con las garantías individuales y que sean palpable para los ciudadanos, como es el caso del acceso al agua.

José Ramón Ardavín Ituarte, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que este sector pugna por una política del agua que incentive su uso eficiente y sustentable, “ya que sabemos es un recurso escaso que debe administrarse de forma adecuada”.

Precisó que la política pública, dadas las condiciones actuales y el crecimiento poblacional y el incremento de la demanda de agua, “debe permitir su disponibilidad para todos los usuarios”. Para ello, se requiere gobernanza clara; buena administración; tecnología; inversiones que permitan el reúso y tratamiento; recursos fiscales e incentivos.

El presidente de la Comisión de Agua y coordinador de Ecosistemas de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Eduardo Viesca de la Garza, mencionó que del 100 por ciento del volumen de agua disponible, 77 por ciento es para uso agrícola, 4 por ciento para la industria y el resto se emplea en el público y urbano, que son los organismos operadores.

El agua debe ser propiedad nacional y evitar su privatización. El sistema financiero de este recurso nacional está desecho, se debe revisar, así como requerir una política pública de por lo menos 30 años, tener una ley y norma que fortalezca a Conagua, acabar con la burocracia en los organismos operadores y prestar un servicio adecuado.

Rolando Ibarra Rodríguez, director del Instituto para la Protección Ambiental de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), externó que el norte del país enfrenta un grave problema en la materia, pues se habla de una sequía que limita su acceso. Además, la ley actual castiga al sector industrial en el ahorro y uso eficiente de este líquido, pues se carece de un incentivo del gobierno.

Precisó que el Poder Legislativo debe subsanar este vacío legal. Calificó como un viacrucis el registro de derechos de agua, pues para obtener un título de concesión se puede uno tardar hasta cinco años. “Es posible tener un sistema ágil; pugnamos por contemplar un fondo del agua para ser eficientes en su uso y mejorar la operación de la industria y beneficiar a los mexicanos que requerimos del líquido”.