Por: Redacción/

Diputados de Morena y PT firmaron un documento elaborado por una coalición de organizaciones civiles promotoras y defensoras de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México, el cual contempla temas prioritarios para la agenda en la materia para el periodo 2018-2024.

Durante el foro “Agenda Legislativa para los Derechos de la Niñez en México”, agrupaciones civiles informaron que el documento se elaboró en concordancia con el proceso de diálogo iniciado con el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Dicha coalición está conformada por el Movimiento MX por la Niñez, y sus convocantes originales World Vision México, Save the Children, Fundación Juconi, Aldeas Infantiles SOS y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

A estas organizaciones convocantes se unieron 10 por la Educación, el Pacto Federal por la Primera Infancia, Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo (RIE), el Consejo Consultivo del Sipinna y además se cuenta con el acompañamiento técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La diputada Claudia Martínez Aguilar (Morena), organizadora del evento, sostuvo que en la actualidad existen 40 millones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y exclusión, por lo que “es prioritario atender esta problemática y hacer cumplir lo establecido en la Ley General de los derechos de este sector demográfico.

Destacó que de ejecutarse a cabalidad esta norma desde los gobiernos federal, estatal y municipal se cubrirían las necesidades prioritarias de las niñas, niños y adolescentes, como alimentación, salud, educación, protección contra todas las formas de violencia e impunidad, así como su desarrollo integral y sano esparcimiento.

Resaltó que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 16.2 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de México presenta carencia en los servicios de salud; 27.6 por ciento no tienen acceso a la alimentación, y 24.8 por ciento no cuenta con servicios básicos de vivienda, drenaje, agua y electricidad.

Aunado a ello, continuó, existe una desnutrición crónica en 1.5 millones de infantes; 33.2 por ciento de las niñas y niños entre 5 a 11 años tienen obesidad, y 51.1 se encuentran en situación de pobreza.

Martínez Aguilar se comprometió a gestionar los medios necesarios para que exista un presupuesto especializado destinado a la infancia del país y con ello garantizar sus derechos.

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) se comprometió a trabajar con responsabilidad y gran voluntad para que se respeten, de manera plena, los derechos de infantes y adolescentes.

El diputado Marco Antonio González Reyes (Morena) mencionó que los infantes requieren que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto, a fin de que “jamás vuelva a ser vulnerado su interés superior”.

Informó que labora una iniciativa que plantea reformar el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de desarticular las procuradurías de la defensa para hacerlas autónomas y garantizar que la protección de los menores sea eficaz.

Su compañero de bancada, Lucio Ernesto Palacios Cordero, reiteró que los diputados tienen la responsabilidad de hacer cumplir los derechos de la niñez y la adolescencia. Por ello, “es fundamental revisar la legislación para lograr atender a aquellos que son víctimas de trata, abuso, explotación sexual y laboral”.

Añadió que la mayoría de las problemáticas se deben a la corrupción y la impunidad prevalecientes en el país, pues estos factores alientan casos tan vergonzosos como la Guardería ABC. “En materia del respeto de los derechos de los infantes estamos precarios de resultados; por lo tanto, debemos evitar que el marco jurídico se quede en letra muerta”.

Su correligionaria, Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, mencionó que no existen indicadores que permitan palpar sus necesidades; sin embargo, en cada esquina se ve cómo niños son obligados a trabajar, por lo que “debemos revisar el marco jurídico que proteja realmente a la niñez.”

Indicó que se dará continuidad a lo ya hecho, pero se desea mejorar los mecanismos de protección de este sector y terminar con la vulnerabilidad de los menores en diversos ámbitos.

La diputada Adela Piña Bernal (Morena) consideró indispensable ponerle fin a la violencia hacia los niños en todos los espacios, ya que pueden ser víctimas en su hogar, colegio y calle. “Nosotros vamos a hacer lo posible para que se aplique el marco jurídico existente”.

“A todos nos preocupa que nuestros niños estén en un sistema violento, porque si son agresivos es porque viven en un estado de violencia todos los días”, enfatizó la legisladora.

De la misma bancada, la diputada Aleida Alavez Ruiz afirmó que el tema de la niñez y la juventud en México no debe dejarse sólo al titular del Ejecutivo federal, “más allá de eso, debemos hacer valer la ley, pues muchas cosas que ya están establecidas se dejan al vacío”.

Esta Legislatura, declaró, se integra por varios especialistas en el tema que “seguramente harán que el mismo sea prioritario y parte de la agenda legislativa”.

En representación de las organizaciones civiles, Silvia Novoa Fernández dijo que varias organizaciones se reunieron de forma inédita en un movimiento al que llamaron “Niñez y Juventud”, a fin de continuar el diálogo que se tuvo con el Presidente electo y plantearlo a las y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura.

Señaló que están convencidos de que el compromiso de las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura apuntará a la consolidación de la vida democrática de México, al incluir el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su agenda.

“Este sector de la población es tan amplia y diversa que constituye el 50 por ciento del total de los mexicanos, más de 60 millones, quienes enfrentan graves problemas de pobreza, desigualdad y carencias de toda índole”, afirmó.

Señaló que el bono demográfico de la niñez, adolescencia y juventud mexicanas sería capaz de detonar grandes transformaciones estructurales para vivir con justicia, paz, seguridad y desarrollo económico, por lo que es importante en apoyarlos.

Dijo que desde la coalición de estas organizaciones a favor de la infancia de México, se identificaron temas sustantivos bajo los siguientes criterios: recomendaciones basadas en temas estructurales, enfocadas al fortalecimiento de la institucionalidad para las políticas públicas orientadas a niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, priorizar cambios sustantivos para el logro de la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes desde un enfoque integral, así como elementos sustantivos para el reconocimiento de las garantías a la que deben tener acceso las juventudes y la agenda de las personas jóvenes en México.

Leonardo Mier, oficial nacional de Protección a la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, sostuvo que un tema clave para la adecuada protección de la niñez son las procuradurías en la materia, ya que tienen la misión de garantizar los derechos del infante y que ninguno quede excluido del acceso a la salud, educación, cultura, recreación y a no ser víctimas de pobreza.

En este sentido, expresó que estos espacios a pesar de ser novedosos, presentan problemas a causa de su debilidad institucional, pues carecen de personal suficiente, lo que altera el sistema de respuesta a los seis de cada diez niños que sufren violencia en el núcleo familiar y a lo más de 24 mil menores víctimas de abuso sexual al año, todo ello sin contemplar la cifra de las personas que no denuncian.

Ante este panorama, sugirió a los diputados otorgarle autonomía técnica, de gestión y presupuestal, a las procuradurías de protección, entre otras cosas para garantizar se les destinen los recursos necesarios, pues en la actualidad se les otorga sólo el 26 por ciento de lo requerimientos.

Dijo que otro aspecto a revisar es la situación de violencia que sufren los menores, ya que al menos el 20 por ciento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas del país son niños y adolescentes, “Estamos en una situación de violencia”.

“El Estado debe buscar mecanismos que atiendan a los infantes víctimas de violencia en el núcleo familiar, escolar, comunitario y las propias instituciones tendrían que protegerlos, los cuales en muchas ocasiones les vulneran más sus derechos”, acotó.

Posteriormente, las y los diputados firmaron el documento elaborado por las organizaciones civiles, el cual propone modificaciones en las funciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) para crear mecanismos a favor de este sector de la población.

Plantea desconcentrar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a las Procuradurías de Protección a nivel federal, estatal y municipal, para garantizar recursos técnicos, financieros y operativos autónomos y suficientes que les permita cumplir con su función en la protección de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, mejorar el presupuesto para 2019, a fin de garantizar la eficiencia y calidad del gasto público para el acceso efectivo de los derechos de la infancia de México, así como evaluar los programas presupuestales que conforman los anexos transversales 17 y 18 para determinar la adecuada asignación de recursos.

También propone reformas legislativas a diversos ordenamientos como códigos civiles, penales, familiares, de procedimientos, leyes de asistencia social, migración, salud, educación, de participación de organizaciones de la sociedad civil, entre otras, con la finalidad de modificar preceptos que convenga a lo estipulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.