Por: Redacción/

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) señaló que es responsabilidad de la Comisión de Justicia, que preside, generar mejores instrumentos legislativos, ponerlos al servicio de la ciudadanía y abonar a que el nacimiento de la próxima Fiscalía General de la República sea en los mejores términos.

“Hago votos porque caiga en tierra fértil y que quienes integramos la Comisión tengamos el tino necesario para advertir cuáles son aquellos detalles importantes que deben mejorarse en este dictamen”, sostuvo.

Durante la discusión y análisis de la minuta que crea la Ley de la Fiscalía General de la República, destacó el trabajo de los ponentes e hizo notar la necesidad de una reforma a los artículos 102 y 116 de la Constitución, a fin de dar paso a un nuevo modelo de procuración de justicia.

Si bien –aclaró- el Transitorio Décimo Tercero del proyecto prevé que el fiscal deberá realizar una consulta a un año de la publicación de la ley, para evaluar la necesidad de una reforma constitucional y que esas conclusiones las haga llegar al Congreso, consideró necesaria “una reforma a los artículos 102 y 116 de la Constitución para establecer un nuevo modelo de procuración de justicia”.

A su vez, el diputado de Morena, Lucio Ernesto Palacios Cordero reconoció que este ejercicio de Parlamento Abierto es signo de un nuevo tiempo, que debió haberse dado cuando en el país se agudizaron las condiciones de impunidad, injusticia, exclusión y falta de acceso a la justicia.

Adelantó que la Comisión trabajará de manera decisiva por una fiscalía efectiva, que no esté subordinada y ni sea utilizada para fines políticos pero, sobre todo, que no responda a un Estado indolente con los derechos humanos y las víctimas.

Juan Carlos Villareal Salazar, diputado de MC, cuestionó si debe acotarse el tiempo de un año para definir la autonomía constitucional de la fiscalía y si debe participar un comité de selección en la definición de las fiscalías especializadas.

En tanto, la diputada Mariana Rodríguez Mier Y Terán (PRI), resaltó la importancia de que el fiscal sea una persona capaz de llevar el cargo, por lo que es indispensable que su designación genere tranquilidad en la sociedad.

De México Evalúa-ITESM, Marco Antonio Fernández Martínez, estimó que como instancia revisora la Cámara de Diputados debe hacer los ajustes necesarios a la minuta del Senado para dotar al país de una institución garante del Estado de derecho y capaz de combatir la impunidad.

Recordó que “en el trabajo que realizamos en el Senado de la República hubo cosas que no habíamos visto y es de humanos reconocer, cuando hay puntos que son perfectibles. Se tienen que hacer modificaciones constitucionales para cambiar los requisitos del titular de la Fiscalía y evitar la tentación de que se vaya a colar algún personaje con tintes partidistas”.

En esta minuta, añadió, no se precisan las causas graves de la remoción de los titulares de las fiscalías especializadas o del Fiscal General. Además, dos problemas que tiene el actual funcionamiento de la Procuraduría General que será la Fiscalía General, son la falta de profesionalización y la corrupción interna.

Además, dijo, es importante solidificar el servicio civil de carrera y dotar al Órgano Interno de Control y a la Fiscalía de Asuntos Internos, de elementos para perseguir, en términos administrativos y penales, las conductas asociadas a estos problemas.

Otra cuestión, añadió, es que la Ley establece que el personal de la fiscalía no será removible, salvo causas graves o razones técnicas sin precisar cuáles son los motivos. “En la minuta no se habla de la extinción del dominio, vamos a tener un problema de legalidad cuando el Ministerio Público quiera cumplir tanto la extinción de dominio por delincuencia organizada como la parte correspondiente a corrupción”.

Fernández Martínez propuso que en el artículo 58 de la minuta, en el rubro del plan de gestión de desempeño y desarrollo humano, se agregue: “el titular de la Fiscalía General de la República garantizará que el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera cuente, al menos, con el número de plazas que por cualquier causa hayan quedado vacantes, en el año inmediato anterior, a efecto de que sean destinadas a cumplir el plan a que se refiere este artículo”, para garantizar al servicio profesional de carrera que las plazas vacantes sean utilizadas por el Centro de Formación.

Jorge Alberto Lara Rivera, ex legislador federal y local, y ex funcionario de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República, se pronunció por una extinción de dominio ejemplar, ya que no está atribuida, ni de forma general, en este proyecto de ley.

No se trata de la investigación de un delito sino de la recuperación de activos, fundamental para el MP. Cuestionó ¿si es correcto aprobar una ley de la Fiscalía sin uno de los instrumentos básicos para establecer orden y seguridad que requiere el Estado mexicano?

El también representante de Alto al Secuestro afirmó que la propuesta olvida la atribución administrativa para realizar investigaciones, como intervención de comunicaciones; tampoco contempla la atribución del Fiscal para generar acuerdos de agentes encubiertos, “falla muy grave”, que de aprobarse en estos términos, empezará a provocar problemas desde el primer día en el proceso de las investigaciones.

Explicó que desde la óptica de los abogados, la propuesta tiene enormes posibilidades para la defensa, cuando no debe haber oportunidad, para que por deficiencias de la ley, el Poder Judicial de la Federación eche abajo investigaciones que acreditan responsabilidad penal, como en la delincuencia organizada, que tiene estatuto constitucional y convencional, pero que no están incluidos, y se soslaya en el proyecto.

La consejera jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Leonor Quiroz Carrillo, calificó de preocupante la concentración de facultades que se otorgan al Fiscal General, así como el tiempo que durará su encargo.

La Confederación “no está de acuerdo en que se avale la ley Orgánica sin reformar el artículo 102 de la Constitución, y que el Ejecutivo proponga su terna si el Senado no se pone de acuerdo. Hay que aprovechar la legitimidad que tiene el nuevo gobierno, porque la impunidad es grave”.

Rubén Quintino Zepeda, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Incipe), destacó la importancia de la profesionalización y capacitación de los Ministerios Públicos de la federación, además que la Fiscalía General deberá allegarse de las principales instituciones que históricamente llevan la representación de nuestro país en la materia.

“Obviamente que los agentes del MP deben contar con especialidad, maestría y, por qué no, con un doctorado; deben jugar un rol de coordinación no sólo con la policía, sino con los servicios periciales y toda la trilogía de investigación”, indicó.

En su participación, la diputada María Del Rosario Guzmán Avilés (PAN), se pronunció por analizar a profundidad el documento, promover con acciones firmes la cultura de la denuncia y el acompañamiento ciudadano en todas las etapas de la investigación.

La secretaria de la Comisión, destacó que la procuración de justicia padece una crisis de confianza en operación y resultados en el país, pues quien sufre algún delito teme acudir al Ministerio Público a realizar la denuncia correspondiente. “Eso produce un mayor agravio al momento de denunciar y facilita la impunidad”.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) reconoció que éste es un ejercicio importante de parlamento abierto, para romper barreras entre la sociedad civil y sus representantes; propuso realizarlos de manera permanente, “porque no somos especialistas y hay grupos que sí lo están y pueden hacer una gran aportación a nuestros trabajos”.

Añadió que se analizará el proyecto y, en su caso, se harán las modificaciones correspondientes, para dejar perfectamente claras las atribuciones de su titular, de las fiscalías, y ver la posibilidad de incorporar el tema de las unidades, “para blindarla de cualquier impugnación, como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior”.

El diputado David Orihuela Nava (Morena) indicó que esta nueva institución estará a cargo de la persecución de delitos tan graves como la corrupción y la impunidad, los cuales serán ejes rectores del nuevo gobierno, por lo que es necesario e indispensable que esta sea autónoma a diferencia de la actual PGR.

Comentó que el nuevo fiscal será el responsable de elaborar año con año el presupuesto que requiere la institución y transmitirlo directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo incluya en el Proyecto del Presupuesto.