Por Javier Divany Bárcenas

En México, 5 por ciento de la población penitenciaria está compuesta por mujeres, de las cuales 70 por ciento se encuentra en abandono y entre 30 o 40 por ciento vive con un hijo menor en la cárcel, por lo que es necesario emprender acciones legislativas que garanticen sus derechos, manifestaron los participantes del foro “Reglas de Bangkok, Perspectivas para su aplicación”.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, quien organizó el evento, llamó a armonizar el marco normativo en materia penitenciaria, incorporando el compromiso adquirido por México para asegurar, además, los derechos de sus hijas e hijos.

“Garantizar los derechos de las mujeres en esos procesos no puede ser visto como una dádiva; es una obligación del Estado asumir su responsabilidad y reconocer las brechas de desigualdad que existen”, puntualizó.

En el sistema de administración de justicia y penitenciario hay inercias y prácticas institucionales que subsisten y hacen que la discriminación y exclusión por condición de género impida a las mujeres acceder a un trato justo.

Rodríguez Hernández, también presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), indicó que 5 por ciento de la población recluida en México son mujeres, y la mitad está en calidad de procesadas, encarceladas sin haber sido declaradas culpables, cuando podrían cumplir sanciones alternativas.

El desconocimiento de sus problemas para acceder a servicios de salud y a empleos que les permitan obtener recursos para atender sus necesidades; la falta de una capacitación que favorezca su reinserción y la ausencia de mecanismos para investigar y sancionar la comisión de delitos, no permiten avanzar en una legislación con perspectiva de género, por lo que este foro permitirá definir acciones que las atiendan.

Al inaugurar el encuentro, el diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que para enfrentar la situación de las reclusas no es necesario “inventar grandes reglas, pues ya hay ordenamientos internacionales y protocolos que dan parámetros y directrices muy claras”.

Reconoció que el país vive una crisis penitenciaria. “Nos acordamos de las cárceles cuando hay fugas, motines, cuando hay una tragedia, pero en realidad hay miles de personas y familias encarceladas con sus seres queridos, que viven privaciones y situaciones muy graves, que van del aislamiento al olvido”.

Destacó la importancia de contar con datos estadísticos para saber quién está en prisión, qué mecanismos hay para que puedan no estar y propiciar que las presas y sus hijos sean sujetos de derechos.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Carmen Guillén Vicente, dijo que se deben buscar alternativas a la pena de prisión, para evitar la entrada de mujeres al proceso penal.

Agregó que la Cámara de Diputados debe colocar esta problemática en el centro de su actuación y propuso crear un plan denominado “Segunda Oportunidad”, para visibilizar a todas estas mujeres, cuya mayoría, ha cometido delitos del fuero común, como fraude o robo, y no son realmente peligrosas para la sociedad.

Pidió que los gobiernos estatales y federal revisen el expediente de cada una para ver si tienen derecho a libertad anticipada, a otro beneficio que otorgue la ley o si son candidatas al indulto del gobernador o del Presidente de la República, y si no tuvieran esos beneficios, ayudarlas a elevar su escolaridad y capacitación.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, la diputada Julieta Fernández Márquez aseguró que la problemática de los niños que viven con sus madres en los penales es invisible para el sistema, pues actualmente no hay cifras para saber cuántos hay en esta situación.

Detalló que hay reclusorios en los que rige la ley del más fuerte y abusos de poder, donde los niños son los más vulnerables; además, manifestó su preocupación de que estén mezclados hombres y mujeres en las prisiones, pues no existen programas de prevención de violencia.

En una cárcel, no tienen comida ni para los reos; para los niños no hay leche, medicinas, ni servicios de salud, por lo que es urgente propiciar condiciones adecuadas de desarrollo fuera de ese ambiente hostil, realizar censos para identificarlos y garantizar su interés superior y su pleno derecho a la tutela, guardia y custodia.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, expresó que es fundamental poner en el debate público medidas sustitutivas de prisión para mujeres que no han concluido su proceso penal y son jefas de familia.

Explicó que las Reglas de Bangkok se crearon para visibilizar la problemática del tratamiento de reclusas y pugnar por medidas no privativas de la libertad para ellas; por tal razón, se pronunció por que México se ponga a la vanguardia en esta materia, pues las cárceles fueron diseñadas para albergar a varones y no hay instalaciones adecuadas para las mujeres.

Consideró prioritario atender cuestiones de salud y dignidad tanto de las internas como de sus hijos y no criminalizarlas, sino brindarles atención integral.

A su vez, la diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que el foro brinda herramientas para conocer y enfrentar la problemática de las mujeres en los centros de reclusión.

Este tema debe quitar el sueño a los legisladores, dijo, pero no la decisión de abordar la tarea y tener cuidado absoluto en las decisiones que se tomen en el Legislativo para darles más protección.

Al participar, el titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social de Coahuila, Apolinar Armenta Parga, explicó que en México existen 450 centros penitenciarios, entre federales y locales, de los cuales 70 son mixtos y sólo 11 son exclusivos para mujeres, “no es ni uno por estado, ni la mitad de uno”, y de las 16 mil mujeres que hay en prisión, 12 mil no reciben visitas de sus familiares, es decir 70 por ciento.

Propuso elaborar una reglamentación especial para centros de reclusión femenina bajo las Reglas de Bangkok y se pronunció por que no existan penales mixtos, pues las mujeres corren un gran riesgo de ser objeto de prostitución y trata de personas. “Es increíble lo que sufren en reclusión, mezcladas con hombres, porque se vuelven esclavas, y eso es inaceptable en este siglo, en esta era moderna, con toda la tecnología”.

Indicó que si se revisaran los expedientes de cada interna, “al menos 40 por ciento podría ser libre”. Se les podrían aplicar medidas como el dispositivo electrónico de localización a distancia, para que puedan estar en su casa, con sus hijos menores. El costo de mantener a una persona en prisión es de 20 mil pesos mensuales en promedio, mientras que la renta del brazalete es de tres mil o cuatro mil pesos

La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Corina Giacomello, dijo que el debate sobre política de drogas no sólo es sobre la regulación de la mariguana, sino cómo se inserta el tema de género.

Indicó que las mujeres representan el eslabón más débil de la cadena delictiva, las colocan en los puntos más visibles donde pueden ser detenidas fácilmente y, además, reciben penas muy altas, por lo que es importante incluir el elemento de género en la comisión de un delito.

Es crucial, añadió, limitar la prisión preventiva oficiosa para que no sea la respuesta más fácil e inmediata a los ilícitos por estupefacientes; hay penas desproporcionadas y fianzas impagables; por ello, planteó eliminar las penas mínimas e introducir factores atenuantes y medidas alternativas al encarcelamiento.

La tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva Castilleja, explicó que las reglas de la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, buscan que los gobiernos den mayor atención a quienes se encuentran en prisión con sus hijos, por ser un grupo vulnerable.

Agregó que para atender a este sector y visibilizar su problemática, la CNDH impulsa que el cumplimiento de las reglas estipuladas por la ONU.

Durante el foro, se conoció el testimonio de la señora Rosa Julia Leyva, primer caso exitoso de reinserción social. Es “prueba fehaciente de lo mucho que falta por hacer en favor de las mujeres en reclusión”, afirmó la diputada Ramírez Hernández.