Por: Redacción 

Especialistas ambientales urgieron a diputados de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, presidida por Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), cambiar el principio de gestión del recurso porque eleva el riesgo de desabasto, así como el criterio para otorgar concesiones de uso, ya que ha alentado la sobreexplotación de acuíferos y pone en riesgo la seguridad hídrica y la capacidad de adaptación al cambio climático.

Ante la elaboración de la nueva Ley General de Aguas, afirmaron que se requiere una política de Estado que beneficie a todos, sin atender intereses económicos.

En reunión de trabajo con Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Desarrollo y Ambiental, y Eugenio Barrios, director de World Wildlife Fund México, los legisladores manifestaron su preocupación por la reducción del presupuesto para infraestructura hídrica y por la sobrexplotación de acuíferos.

Pichardo Lechuga señaló la necesidad de crear un Sistema Nacional de Información Hídrica que permita conocer las condiciones de aprovechamiento y sobreexplotación de los acuíferos, con el fin de tomar las mejores decisiones.

Consideró oportuno especificar las funciones de los Consejos Comunitarios que regulan el aprovechamiento del agua en el medio rural, a fin de lograr decisiones democráticas que beneficien a los habitantes, con quienes se tiene una deuda en el abasto del líquido, y alentar las óptimas prácticas de usos y costumbres con que se manejan algunas regiones.

Del PAN, el diputado Pedro Garza Treviño refirió que “en el papel se otorgan concesiones que comprometen el más alto volumen de agua para explotarlo, pero no es real. El recurso que no se ocupa, no se cede sin costo, ya que se vende o alquila en la práctica”, precisó.

Propuso establecer en la nueva Ley General de Aguas la garantía del uso humano, agrícola y pecuario, para que no quede a criterio del funcionario en turno.

El perredista Xavier Nava Palacios cuestionó si el actual régimen de concesiones ha propiciado la sobreexplotación, y si es factible incorporar en el nuevo marco jurídico el caudal ecológico con observancia obligatoria.

Pidió a los especialistas sus investigaciones para encontrar las fallas en la cadena de manejo, conservación y abasto hídrico y, de acuerdo con ese diagnóstico, enriquecer las decisiones de los legisladores.

De Nueva Alianza, el diputado Francisco Javier Pinto Torres destacó la necesidad de incluir todos los temas vinculados al agua y reflejarlo en el articulado de la nueva ley general. Recomendó usar una lupa para identificar todos los parámetros que se requieren atender.

La priista Xitlalic Ceja García refirió que debe regularse la construcción de playas artificiales, en complejos turísticos a desarrollarse en diversas regiones, por el impacto ambiental que tiene el uso mayúsculo del recurso en este tipo de obras.

Por el PAN, la legisladora Nadia Haydee Vega Olivas se manifestó en contra de la privatización del agua, y alertó que en algunas regiones el Estado no cumple con su obligación de manejar el recurso en beneficio de toda la población y se deja la puerta abierta a su uso discrecional.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) inquirió qué autoridad tiene la facultad para dictaminar sobre los niveles de explotación o sobreuso de los acuíferos. Refirió su preocupación por la impunidad y corrupción con que se otorgan las concesiones, ya que es sencillo comprometer “en el papel” el uso del agua, pese a que no existe.

Señaló la necesidad de fincar responsabilidades jurídicas a quien vigila el otorgamiento de concesiones y la medición de acuíferos, ya que se debe rendir cuentas sobre el aprovechamiento del recurso hídrico.

El priista Ramón Villagómez Guerrero dijo que se necesita hacer un traje a la medida de acuerdo con los requerimientos de abasto del líquido, ya que el cambio climático afecta de diversa forma a las regiones del país, algunas sufren escasez de lluvias y otras se inundan por el exceso de precipitaciones.

Refirió que el 70 por ciento del agua se usa en la agricultura, por lo que propuso reducir los plazos de las concesiones, porque las hay por 99 años, cuando los usuarios ya no utilizan el recurso, debido al crecimiento de la mancha urbana.

Por el PVEM, el legislador Juan Manuel Celis Aguirre pidió reflexionar sobre el recorte presupuestal aplicado al sector hídrico, porque se busca resolver la problemática del manejo del agua; sin embargo, apuntó, no se etiquetan los fondos suficientes a la construcción de la infraestructura necesaria, para garantizarlo.

Urgió a asegurar que toda la gente tenga agua. “Es un grito de todos”, porque no es posible que con tantos avances técnicos y descubrimientos científicos, se sufra escasez tanto en las ciudades como en el campo.

Nueva Ley General de Aguas debe dar certidumbre

En su ponencia, Eugenio Barrios, director de World Wildlife Fund México, apuntó que el reto es crear una nueva Ley General de Aguas que dé certidumbre y claridad para establecer límites al uso de concesiones, para encontrar balances virtuosos y sustentables del recurso.

Urge cambiar el principio de gestión del agua, porque eleva el riesgo de desabasto, ya que el actual esquema se basa en la sobrexplotación de acuíferos, sostuvo.

Además, debe darse prioridad de dotar a todos del recurso, por lo que propuso pensar en reformas y acciones baratas y alentar la participación ciudadana, para preservar el recurso ante la reducción presupuestaria, que impedirá la construcción de una infraestructura hídrica más eficiente.

Señaló que el aumento en las concesiones otorgadas no es la única causa de la sobreexplotación de los recursos hídricos, sino el descuido en la asignación.

“Si seguimos operando el criterio de asignaciones de escurrimientos del 100 por ciento medio anual, se gestionará siempre el déficit y se pone en riesgo la seguridad hídrica y la capacidad de adaptación al cambio climático, que exigirá crear más infraestructura, situación que se complica con el recorte presupuestario”, explicó.

En su participación, Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Desarrollo y Ambiental, propuso un decálogo para garantizar el acceso al agua sin discriminación alguna, a fin de que la población que no pueda pagar la reciba sin costo, priorizando el uso personal y doméstico en la nueva ley general, para proteger y garantizar un abasto de entre los 50 y 100 litros diarios por habitante, de forma continua.

Afirmó que se tienen problemas mayúsculos y preocupantes en el sector hídrico por la falta de sin recursos suficientes. Pidió a los diputados tomar esto en cuenta, al elaborar el capitulado de la nueva ley general.

Además, continuó, alentar la planeación progresiva del recurso; establecer partidas presupuestales que estimulen la creación de infraestructura; fijar estándares de calidad y cantidad salubre para consumo personal y doméstico; acceso seguro y a no más de 100 metros del hogar, y que el costo no rebase el 3 por ciento del ingreso de la familia.

Igualmente, crear disposiciones que armonicen la sustentabilidad financiera de agua potable y su saneamiento, y establecer mecanismos para que las comunidades rurales o lejanas cumplan su derecho al agua, mediante ecotécnicas que den cobertura universal.

También, reconocimiento de otros organismos que prestan el servicio de agua potable como los consejos comunitarios; salvaguardas para evitar la discriminación y subsidios para proveer agua a quienes no puedan pagarla y cubrir necesidades básicas; mecanismos de participación social, acceso a la justicia, a la información, monitoreo y rendición de cuentas.