Por: Redacción

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta que establece que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares deberá atender, en todo momento, el interés superior de la niñez.

Con 447 votos en lo general, se ratificó el documento que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de incorporar de manera transversal el principio de interés superior de la niñez en este sector.

Se precisa que las actuaciones y decisiones que tomen dichas autoridades, deberán considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a niñas, niños y adolescentes, estableciendo los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

El propósito del documento devuelto al Senado de la República para efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional, es que conforme al principio del interés superior de la niñez, los menores tengan “derecho a una educación de calidad que fomente su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y los prepare para el logro de su proyecto de vida”, de conformidad con la Constitución Política y los Tratados Internacionales.

La finalidad es armonizar la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir de uno de los principios rectores de la política educativa y de los servicios educativos; el interés superior de la niñez.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputado Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano), expresó que en los últimos años, México ha vivido una lucha y una batalla constante en la que este Poder Legislativo ha tenido un papel preponderante, por los derechos humanos de los niños.

Hoy, dijo, se armonizan distintos instrumentos legales, para hacer realidad el principio del interés superior de la niñez, a fin de que rija todos los ordenamientos que hay en materia de educación hacia esta población. “Las niñas y los niños de México, los estudiantes son los que deben estar en el centro, no solamente de los ordenamientos legales, sino de las políticas públicas del Estado mexicano en materia de educación”.

México “le ha fallado a sus niños y somos una nación que tiene una deuda pendiente, no con el conjunto de comunidades que tienen escuelas sin agua, sin drenaje, sin luz, sino con las niñas y niños que atienden a esas escuelas”.

Solo el 20 por ciento de niños entre 12 y 14 años en pobreza extrema asisten a la escuela; el 15 por ciento de los hijos de jornaleros agrícolas van a la escuela; únicamente, 20 por ciento de menores indígenas tienen niveles suficientes en las evaluaciones que tiene que ver con sus capacidades en lectura, lingüística y matemáticas, y la mitad de niños indígenas tienen un maestro que habla su lengua natal.

Álvarez Maynez resaltó que armonizar la legislación a la luz del interés superior de la niñez, permitirá que no solamente los tomadores de decisiones de políticas públicas, sino los jueces, los encargados del control de convencionalidad, ahora también tendrán la posibilidad de decidir, de normar su criterio con base a tratados internacionales, y a la Convención Internacional para los Derechos de la Niñez. Por ejemplo, tener resoluciones que vayan mucho más allá y sean más garantistas en materia de protección del interés superior de la niñez.

Con instrumentos como el de la armonización de la Ley General de Educación, con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México, se robustece este entramado legal e institucional que permitirá la defensa jurídica del interés superior de la niñez.

En los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) refrendó su compromiso con la niñez del país, y dijo que los niños tienen derecho a que se tomen las medidas que promuevan y protejan sus derechos y vigilar que ningún tipo de acción u omisión del Estado los trasgreda.

Se obliga al Estado a que dentro de las políticas públicas tengan prioridad los derechos de los niños y prevalezcan sobre otros, de manera muy particular cuando esos generan conflicto. Con la reforma, se garantiza que la educación que se imparte deberá atender en todo momento este interés y ahora cuando las autoridades educativas busquen sancionar a un menor, deberán evaluar y ponderar sus repercusiones, a fin de salvaguardar tan noble principio.

María Eugenia Ocampo Bedolla, legisladora de Nueva Alianza, precisó que proteger y propiciar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes ha sido, es y seguirá siendo un principio conductor de su labor, congratulándose por que el interés superior de la niñez sea uno de los principios rectores de la política y servicios educativos.

“Los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier inconveniente para acceder o permanecer en la educación y el Estado debe preponderar en sus políticas públicas estas garantías, a fin de combatir y superar cualquier condición vulnerable. Esto lleva implícita la obligación de que se asignen todos los recursos posibles para construir condiciones que les permitan desplegar sus potencialidades y acceder a niveles más altos de satisfacción y de una vida digna”, añadió.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, calificó como un acierto el armonizar la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a partir de uno de los principios rectores de la política educativa, y subrayó que traerá grandes avances para la atención y cuidado de esta población, fortaleciendo y dándole una mejor calidad a esa educación.

Resaltó que como legisladores tienen la obligación de ponderar esos derechos ante cualquier baja presupuestal o recorte. “Es nuestro deber fortalecer los recursos indispensables para cumplir con esa obligatoriedad y es necesario que este Recinto le dé la voz a los familiares de Ayotzinapa”.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) mencionó que un estudio realizado en 2014 por la Unicef y el Coneval revela que en México uno de cada dos niños y adolescentes vive en condiciones de pobreza. El ingreso de su familia es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas y carece de las condiciones mínimas que garanticen sus derechos sociales, como son: acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a una vivienda digna con servicios.

“Consideramos que enfatizar el interés superior de la niñez no debe ser un enunciado abstracto o vago como en su momento ha sido el término de calidad educativa. El interés superior de la niñez debe convertirse en un compromiso del Estado mexicano para atender a los cerca de 5 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela, y no deberá convertirse en una trampa política para el magisterio que defiende la educación pública y sus derechos”, agregó.

Jorgina Gaxiola Lezama, diputada del PVEM, expuso que las niñas, niños y adolescentes en México son la mayoría de la población en el país, y necesitan más protección del Estado y de la implementación de políticas públicas en su favor; por ello, dijo, la trascendencia de aprobar este dictamen que refleja el compromiso del Poder Legislativo por armonizar y actualizar las leyes de acuerdo a los compromisos internacionales y garantizar la protección conforme al interés superior de la niñez.

Afirmó que esta reforma es una base sólida para transitar hacia la inclusión del concepto y acciones que abonen a proteger el interés superior de la niñez en los distintos ordenamientos en materia educativa. “A partir de ahora, todos en México tendremos en cuenta el interés superior de la niñez sobre cualquier otro y ello, sin duda, contribuirá a que seamos juntos un mejor país”.

La diputada del PRD, María Luisa Beltrán Reyes señaló que la incorporación de este principio permitirá que los derechos de las y los niños prevalezcan sobre otros intereses, determinando como principales objetivos la protección y desarrollo de su autonomía en el ejercicio de los mismos.

Puntualizó que reconocer el carácter integral de los derechos de la niñez obliga a reflexionar sobre su acceso a la educación en 11 entidades de la República, ya que, de acuerdo con la encuesta del Inegi de 2015, éste se encuentra debajo de la media nacional, destacando Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas. Externó su preocupación por los recortes presupuestales en materia de educación, “ya que sin importar el interés superior de la niñez, se afectará el acceso y la calidad de la enseñanza de esta población”.

De Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Ruíz García expresó que el dictamen busca que el criterio orientador de la educación que el Estado y sus organismos descentralizados imparten, atienda en todo momento el interés superior del menor. “Debemos trabajar desde todos los ámbitos, hasta lograr un mejor país para todas las niñas y niños”.

Subrayó que los derechos de la niñez deben prevalecer sobre otros intereses, y el Estado tiene el deber de priorizar las garantías individuales de esta población. “Es oportuno que se adecue la ley para que, en el caso de que se dicte una resolución para el retiro del reconocimiento de validez oficial a cualquier institución educativa, siempre sea considerando, de manera primordial, el interés superior de la niñez, cuando se trate de decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad”.

La diputada priista María Esther Guadalupe Camargo Félix resaltó que hoy se establece, como principio de las políticas públicas, el interés superior de la niñez, porque “es en esta etapa de la vida, en los primeros años, cuando se forma, define y modela la personalidad, el carácter, los hábitos y la inteligencia de los menores”.

Esta reforma, afirmó, permitirá que en las autoridades educativas, en sus actuaciones y decisiones, consideren primordialmente el interés superior de la niñez y establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. “El derecho de los niños a la educación es lo que más debemos cuidar e invertir recursos si buscamos ser una nación fuerte, sana, inteligente, con visión de futuro”.

Con 401 votos a favor y 33 en contra, se avaló, en lo particular y en términos del dictamen, la reserva al artículo 78, impulsada por la diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena).