Por: Redacción

La Comisión de Gobernación podría dictaminar en el próximo periodo ordinario de sesiones, la iniciativa presentada por el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) para restaurar la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF), la cual fue desaparecida en 2013 mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La propuesta del secretario de la Comisión de Justicia, que modifica los artículos 26 y 27 de dicha ley y adiciona un artículo 30 bis, obtuvo el pasado 27 de mayo, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, una prórroga para ser dictaminada antes del 30 de septiembre.

Plantea instaurar de nueva cuenta a la SSPF y otorgarle las funciones policiales de prevención del delito que actualmente ejerce la Secretaría de Gobernación, con nuevas herramientas, personal altamente calificado, uso de esquemas de inteligencia y tecnología de punta.

Adicionalmente, transferirle las facultades que aplica la Secretaría de Gobernación dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a efecto de convertirla en el eje rector de esta materia y encargarse de presidir y supervisar las acciones de dicho sistema.

Estará facultada para desarrollar las políticas de seguridad pública y criminal a nivel federal, que comprenda normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos.

Correspondería a esta secretaría de Estado proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública la designación del secretario Ejecutivo del SNSP y, en su caso, removerlo libremente, además de fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común, entre otras tareas.

El diputado Santana Alfaro destacó en su iniciativa que, durante los últimos años, la ciudadanía ha vivido preocupada por la creciente ola de criminalidad, motivo por el cual los gobiernos federal y de los estados han buscado atender el problema mediante un modelo tradicional de actuación policial, basado en políticas, estrategias y esquemas reactivos que no han cumplido con las expectativas.

Resaltó que las facultades que en materia policial ejerce la Secretaría de Gobernación propicia “el riesgo de regresar a lo más anticuado de un sistema represor, de todos conocido y que debería quedar en el olvido”.

“El control que el Ejecutivo pretende aplicar va en detrimento de la ciudadanía, pues cualquier manifestación de ideas políticas, sociales o culturales puede ser reprimida al considerarse como alteración al orden público”, dijo.

Otro grave riesgo, agregó, es que la política pública en materia de seguridad se diseñe desde una oficina, con criterios políticos y no especializados en la prevención del delito y la atención a las víctimas.

“Es inaceptable que la estrategia de seguridad se vincule principalmente con aspectos políticos, movimientos sociales, resistencias o grupos inconformes, y que toda la información de la política interior, seguridad e inteligencia, se concentre en una sola instancia o en una sola persona. Podemos repetir episodios trágicos ocurridos en aquellos años de la Dirección Federal de Seguridad”, explicó.

Para contrarrestar la ausencia en el cumplimiento de ese deber por parte de la Segob, dijo, se debe entregar a la SSPF el control policial y establecer estrategias, objetivos, mecanismos de coordinación, líneas de acción e indicadores de medición que servirán para hacer más eficaz el combate a la delincuencia.

Recordó que entre las acciones más destacadas de la SSPF está la captura de narcotraficantes como José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, y Marco Antonio Guzmán Zúñiga, líderes del grupo delictivo “La Línea”, brazo operativo del cártel de los Carrillo Fuentes, en 2011.

Asimismo, de Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias “El Mamito” o “El Z-40”, uno de los líderes y fundadores de la organización delictiva “Los Zetas”, al igual que Edgar Huerta Montiel, “El Wache”, quien presuntamente coordinó el múltiple homicidio de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

De igual forma, fue detenido José Jorge Balderas Garza, alias el “JJ”, presunto operador financiero de la organización delictiva de Los Beltrán Leyva y probable autor material de la agresión al futbolista Salvador Cabañas, entre otros, además de desarticular varias bandas dedicadas al secuestro.