Por: Redacción
Durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como parte de la glosa del Cuarto Informe del Ejecutivo federal, diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública lo cuestionaron sobre la participación de las Fuerzas Armadas en operativos, desapariciones forzadas, Mando Único y estrategia en materia de seguridad.
Asimismo, lo interrogaron acerca de los casos Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato; las afectaciones al sector económico por las manifestaciones de la CNTE, los sistemas de inteligencia y la situación de los derechos humanos en el país.
Osorio Chong destacó la importancia de dar a los miembros del Ejército Mexicano un marco jurídico para que puedan actuar, como lo vienen haciendo, en diferentes entidades de la República. Aplaudió las diferentes iniciativas para una la Ley de Seguridad Interior y afirmó que “en el gobierno de la República estamos viendo la propia. Estamos atentos para poder encontrar algún acuerdo que permita que salga lo más pronto posible”.
Explicó que “con el nuevo modelo del Sistema de Justicia Penal, hoy el Ejército no tendría legalidad para estar en la escena del crimen, y por eso es algo grave y es algo muy importante”. También dijo que se han cancelado acuerdos con los estados, porque prácticamente no hay un marco legal para que los militares puedan permanecer en las calles.
Consideró que el Mando Único se debe revisar y hacer las reformas necesarias, pues de los dos mil 250 municipios del país, sólo en mil 800 existen corporaciones y 600 no tienen policía, mientras que en 900 alcaldías sólo hay 20 policías o menos, los cuales no están sujetos a la profesionalización.
Insistió en que se requiere de un ordenamiento que sirva, “porque no podemos seguir en las mismas circunstancias, donde el gobierno de la Republica, la Policía Federal, el Ejército y la Marina están dando todo el apoyo, pero no alcanza, pues no hay elementos suficientes, ya que el gran concentrado de los policías están en los estados y municipios, los cuales deben ser profesionalizados, evaluados y dejarlos en mejores condiciones de trabajo”.
El titular de Gobernación negó que en el país haya un problema generalizado de derechos humanos. “Reconocemos nuestras circunstancias y dificultades, pero no podemos mandar ese mensaje al mundo. Hemos hecho lo nuestro, pues desde que llegamos, nos sometimos a la resolución de un organismo internacional e hicimos un evento público de reconocimiento. Y de ese han partido otros más. Sus resoluciones son tomadas encuenta”.
La diputada Martha Hilda González Calderón (PRI) estimó como muy grave que los partidos de oposición reclamen acerca de la inseguridad y no se atrevan a hacer una reflexión de lo que ha fallado en las entidades y municipios que gobiernan y qué pasa en estados como Tabasco, Morelos y la Ciudad de México.
Refirió que en lo que va de 2016, comparado con el año anterior, los homicidios se han incrementado casi 22 por ciento en Morelos. Recordó que los gobierno panistas justificaban sus acciones represivas contra movimientos sociales, bajo el pretexto de combate a las drogas y que fue en 2008 cuando se inició el descubrimiento de las fosas.
Subrayó que se respeta plenamente el derecho a la libre manifestación, pero en Oaxaca muchos mexicanos se vieron afectados por la CNTE, por lo que pidió saber qué medidas y acciones se llevan a cabo para apoyar al sector económico del estado, perjudicados por las manifestaciones del magisterio.
Por el PAN, la diputada Angélica Moya Marín manifestó su preocupación porque no se han aprobado los instrumentos jurídicos necesarios para que las Fuerzas Armadas participen en operativos de coadyuvancia, en temas de seguridad interior. Consideró que no se aprovecha el potencial investigador de la Policía Federal –que nació para trabajar en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio-, y consideró que se debe revindicar su posición como operador fundamental en aspectos de prevención del delito y tareas de inteligencia.
Al comentar las labores de inteligencia para la seguridad, refirió acontecimientos lamentables como fugas de internos de alta peligrosidad, emboscadas a fuerzas de seguridad federales, derribamiento de aeronaves e incluso amenazas de terrorismo, “hechos inamisibles porque atentan en contra el Estado mexicano”, por lo que pidió explicar cómo se aprovechan los recursos tecnológicos de que disponen los órganos de inteligencia, para evitar que se repitan acontecimientos como esos.
Resaltó que los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Culiacán y Coahuila, exigen investigaciones para esclarecer lo ocurrido y conocer sus consecuencias, ya que la presente administración deja “dudas históricas que son llenadas con suspicacias y medias verdades”. También, demandó conocer, en relación con los migrantes, qué medidas se han tomado para evitar la crisis humanitaria.
La perredista Hortensia Aragón Castillo dijo que “desde el inicio de este sexenio las labores de la Segob son excesivas y desgraciadamente para el país, parece que los problemas los han rebasado y las cosas no han salido muy bien”.
“Desde las Iglesias que retan abiertamente al Estado laico, convocando a manifestaciones políticas del pulpito en contra del matrimonio igualitario, hasta los grupos de la delincuencia organizada que han dejado el territorio nacional hecho una fosa común, repleta de cuerpos sin identificar”, ejemplificó.
Por otra parte, la legisladora cuestionó al secretario Osorio Chong, sobre las acciones que se implementarán, para que la violencia de género realmente disminuya su incidencia y dejen de morir más mujeres. “¿Cuántas víctimas más habremos de encontrar en las fosas que aún no han sido descubiertas y las que se siguen trabajando? También preguntó ¿cuáles fueron las razones que tuvo la Segob para conducir las negociaciones privadas con el magisterio disidente?
Por el PVEM, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas destacó que el gobierno federal tuvo la determinación de poner punto final al secuestro de la educación pública e impulsó una reforma para elevar su calidad; sin embargo, estas acciones han generado la resistencia de una parte de los maestros, “pero no hacer nada, habría significado entregarse a las cúpulas magisteriales y comprometer el futuro de las generaciones”.
Reconoció la prudencia de la Segob para atender este conflicto por la vía del diálogo, por la vía pacífica, y se tuvo total disposición para conocer las inconformidades de los maestros.
El legislador preguntó a Osorio Chong: ¿cuál es su valoración de este conflicto y cuál es el estado actual de la comunicación con la CNTE? y ¿cuál será el papel de la secretaría en este conflicto educativo social?
La diputada Delfina Gómez Álvarez (Morena) sostuvo que la Segob ha fallado en materia de seguridad, pues a pesar de que se dice que se han profundizado los esfuerzos en esta materia y en la procuración de justicia para generar condiciones de tranquilidad en todas las zonas del país, delitos como el homicidio, secuestro, robo y extorsión son persistentes.
La legisladora le dijo al titular de la Segob si creía que hay en todo el país condiciones de tranquilidad y si se han reducido los delitos de alto impacto “o será que la población denuncia menos, ya que de acuerdo con datos del Inegi, más del 60 por ciento de la ciudadanía desconfía de la policía, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial y de la Presidencia, pues sólo ven por sus intereses”.
Destacó que la prevención social es uno de los principales ejes de la política, ya que permite la reconstrucción del tejido social; sin embargo, ha sido insuficiente y debe concentrarse en atender a la juventud, toda vez que la falta de oportunidades los orilla a integrarse a la delincuencia organizada. “Mientras se sigan recortando recursos a programas para jóvenes, será difícil combatir con éxito la delincuencia”.
De Movimiento Ciudadano, su coordinador, diputado Clemente Castañeda Hoeflich, externó su preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país y señaló que los retos y obligaciones para las instituciones son las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la tortura, las desapariciones y las agresiones a periodistas y a defensores.
Agregó que es necesario reconocer esa crisis para ser capaces de enfrentarla con voluntad y responsabilidad, cumplir con las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, así como recuperar la relación de diálogo y cooperación con los representantes de los organismos en esta materia.
Las desapariciones forzadas, afirmó, siguen siendo un problema que requiere ser atendido de manera puntual y urgente; de ahí que urgió a conocer el estado de la iniciativa para expedir una ley en este tema. Además, inquirió, cómo garantizará el titular de Segob separar sus aspiraciones políticas de las obligaciones institucionales.
El coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles Mendoza, advirtió que la inseguridad ya impacta a los centros educativos, pues de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 40 por ciento de los alumnos ha sufrido alguna clase de violencia, y conforme a la Secretaría de Educación Pública, el 30 por ciento de los escolares a nivel nacional declara que se vende droga en la periferia de los planteles.
Llamó a mejorar las condiciones del entorno escolar atendiendo problemas que afectan a todos, pero en particular a niñas, niños y adolescentes. “No basta tomar medidas enfocadas a la protección civil, es indispensable establecer planes contra la delincuencia y otros riesgos como el narcomenudeo dentro y fuera de las instituciones”.
Debemos analizar el resto de los fenómenos sociales que impactan la realidad educativa, establecer las condiciones que coadyuven a mejorar su calidad reconociendo que la inseguridad también afecta el aprovechamiento de los alumnos y menoscaba la tranquilidad de toda la comunidad escolar. Preguntó qué medidas se están tomando para mejorar el entorno escolar.
Hugo Eric Flores Cervantes, diputado de Encuentro Social, destacó que de los flagelos que más lastiman a los mexicanos está la impunidad, que se manifiesta de manera reiterada “cuando delincuentes, sabiendo que no hay sistema que los lleve a la justicia, les da valor para seguir delinquiendo”.
Reconoció el compromiso del gobierno para alcanzar la meta establecida en la Constitución Política, con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justica Penal Acusatorio. “Es nuestra esperanza que ayude a combatir la impunidad. Anhelamos que este sistema, sobre todo la oralidad, propicie la justicia expedita que tanto necesitamos los mexicanos”.
A pesar de los logros, se necesitan esfuerzos de consolidación y fortalecimiento del sistema, así como atender las problemáticas que enfrenta su operación efectiva; en ese sentido, cuestionó qué otra acción sigue para seguir fortificándolo, qué reformas serán necesarias y qué medidas institucionales se impulsarán para garantizar el cumplimiento del Sistema.
En sus respuestas, el secretario Osorio Chong subrayó que durante la instalación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio se han ejercido 21 mil millones de pesos, de los cuales el 89 por ciento fueron en esta administración, porque había recursos sin ocuparse y el atraso era enorme. Además, se capacitó a más de 400 mil operadores y a más de 240 mil policías, “parte fundamental del sistema”.
Algunos de sus beneficios, dijo, es que de 185 días que duraba un proceso alternativo, en este nuevo modelo dura 30. De 15 mil pesos que normalmente se gastaba o invertía una persona para hacer llegar la justicia, ahora solamente eroga mil 500.
Reconoció que hay retos importantes, como fortalecer las áreas de justicia alternativa en los estados, donde no se le está dando la importancia; reforzar los mecanismos para atender a las víctimas; mejorar la denuncia e investigación que permite procesar o no a un individuo, así como perfeccionar los servicios periciales en las entidades del país y de investigación científica.
Subrayó que se le ha dotado a la Policía Federal de más instrumentos tecnológicos y está bien preparada para intervenir en el marco del nuevo modelo de justicia penal.
Sobre los órganos de inteligencia, indicó que se hace todo el esquema siempre para la intervención y existen protocolos, pero el crimen organizado “cada vez está también mejor preparado con mayores instrumentos, con mejores armas”.
Dijo que haber podido salir de “una guerra donde caían ciudadanos a una estrategia donde se usan los instrumentos de inteligencia del Estado mexicano, hace la gran diferencia”. Precisó que del 2008 a 2012, se pasó de 8 a 22 homicidios por cada 100 mil, y en este gobierno en tres años se bajó de 22 a 16.
Recalcó que “se ven todas las amenazas”, y por eso han sido tan exitosas las acciones del gobierno de la República en materia de seguridad al detener a 103 de los 122 más buscados, algunos, del mundo. “Por eso ha sido tan exitoso que este gobierno es quien detiene al más buscado; se escapa y lo volvemos a detener. Así de importantes y de buenos son nuestros sistemas de inteligencia”. Comentó que “se han advertido amenazas, incluso contra legisladores, y con otros más que se les ha hecho saber”.
Aseguró que los sistemas de inteligencia han servido, pero “a veces hay imponderables, hay circunstancias que se enfrentan en territorio que van más allá de nuestros sistemas de inteligencia, aquí y en todas partes”. Aclaró que se sigue trabajando porque “no le apostamos a tener más policías y más militares en las calles. Eso no da ningún resultado, y está demostrado. Lo que da resultado es ir por objetivos y desarticular cuerpos de la delincuencia organizada”.
Afirmó que los gobiernos estatales reconocen y felicitan la estrategia impuesta por la Segob. “No he encontrado hoy ninguna gobernadora o gobernador o jefe de gobierno que diga que esa estrategia no es la correcta o que no se les brinda apoyo o que no se les da el respaldo”.
Sostuvo que sí hay cifra negra de quienes no hacen la denuncia, pero afortunadamente existe mayor participación de la ciudadanía. Muestra de ello son los indicadores del Inegi que informan mejor percepción en las bajas al secuestro del 26 por ciento, extorsiones en 31 por ciento, o de robo en 21 por ciento, pero para ello se requiere de mejores instrumentos normativos.
Sobre los casos Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, resaltó que se trabaja para tener solidez en los resultados de las investigaciones. “Estamos abiertos y trabajando con los organismos internacionales”.
Respecto a las desapariciones forzadas, explicó que se está colaborando para sacar adelante la ley en esta materia. “Está adelantada, siento que muy pronto ya podrán hablar de ella en la Cámara de Senadores. En la Procuraduría General de la República había un registro desordenado y no actualizado, mezclando a todo tipo de personas, no localizadas con desapariciones forzadas, y esto confundió a la sociedad”.
Mencionó que esta ley va a permitir poner orden, se podrá asumir con toda claridad cuáles son las desapariciones forzadas y por supuesto el castigo a partir de acciones que permitan la no repetición, y apuntó que no es un tema generalizado.
El titular de Gobernación manifestó que en el caso del magisterio se ha logrado que los niños regresen a las aulas. Hoy no hemos modificado, porque además no podemos, una sola letra o párrafo de la Reforma Educativa. Para quienes nos señalan de negociar, “la ley no se negocia, ustedes lo saben y no lo hemos hecho”
Subrayó que la Secretaría de Gobernación trabaja para que esas condiciones permanezcan. Se han levantado los bloqueos, restablecido el diálogo con las autoridades locales y abierto los espacios para que el magisterio dé sus propuestas; “los maestros están dispuestos a dialogar y las autoridades a escuchar”.
Reiteró que no se ha lastimado la Reforma Educativa, no podemos, no hay forma y por eso es que las protestas llegaron hasta el final, pero fue el diálogo y la negociación que nos permitieron salir adelante. “La Segob nunca estuvo fuera, ni el secretario ni sus funcionarios”, asentó.
El funcionario reconoció el daño que ha sufrido Oaxaca, los retos y adversidades, pero aclaró que es un conflicto de 36 años y por años, “uno tras otro estuvieron en diferentes puntos y siempre afectando a la población”.
Consideró que es un problema que se debe resolver de fondo y el diálogo está ayudando. Precisó que ha tenido cuatro reuniones con grupos empresariales y sectores de la organización civil de Oaxaca, y va a estar a la cabeza el secretario de Economía para encontrar una solución de fondo para reactivar la economía y devolver la tranquilidad.
“Tenemos comunicación permanente, esta última vez que se estuvo con ellos, ya se llegó al tema global de las circunstancias y nosotros estimamos que la próxima semana ya se tendrá una respuesta para poder hacer una reactivación de Oaxaca”, dijo.
En el tema de los extranjeros, reconoció que las circunstancias no están fáciles. “Lo estamos atendiendo, y creo que lo estamos atendiendo de la mejor manera con el gobierno de los Estados Unidos, que es a donde quieren llegar y para que los puedan recibir”.
Reconoció que el tema de la seguridad pasa por las niñas y niños e incluso por la violencia intrafamiliar que luego se refleja en las escuelas; por ello, en toda la estrategia en esta materia, se ve de manera frontal y directa a las escuelas y lo que está sucediendo dentro y fuera. “Tenemos un espacio completo para la atención de los problemas en materia de seguridad educativa y en las instalaciones”.
Como parte de esta estrategia, se atiende el tema de valores, a fin de restablecer el tejido social que lastima a muchas comunidades y ciudades; de ahí, dijo el secretario Osorio Chong, que las acciones en materia de prevención van desde las instituciones de todos los niveles educativos hasta los hogares. “Los jóvenes, niñas y niños no sólo pueden ir a la escuela a tener conocimientos, sino también a tener armonía y vínculos”, añadió.
En cuanto, a la violencia de género resaltó que de los 30 centros de atención que se tienen, 23 se han construido en este gobierno y están nueve más en construcción. “Estamos trabajando en esas políticas públicas que resuelvan el tema profundo del machismo mal entendido en México”.
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