Por: Redacción

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 385 votos a favor, el dictamen de la minuta presentada por las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, para modificar las leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las reformas, destacó el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, permitirán fortalecer las acciones de prevención y combate a la violencia y la discriminación en contra de las mujeres indígenas.

Al fundamentar el dictamen, explicó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) podrá coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y dará seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales y municipales en torno al tema.

Asimismo, se incluirá al titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Coheto Martínez resaltó la importancia de impulsar acciones que abatan las causas de marginación que históricamente padecen las mujeres indígenas, tanto por su origen como por su condición, situación que las coloca en grave desventaja y vulnerabilidad.

“Estamos conscientes de que la violencia y la discriminación hacia las mujeres y, en particular, hacia las indígenas, tienen causas estructurales de orden cultural, social y político; la pobreza y la marginación son factores que propician esas prácticas inaceptables y que lastiman la dignidad humana”, refirió el legislador del PRI.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, de Encuentro Social, destacó que es ilusorio pretender que los derechos humanos de las mujeres indígenas estarán dotados solo con la expedición de instrumentos normativos, sin embargo, aseguró, “es el primer paso firme para garantizar su efectiva implementación”.

Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, indicó que la violencia es un problema cotidiano que afecta la vida de millones de mujeres y las expone a un riesgo permanente. En el caso de las mujeres indígenas, añadió, el problema se agudiza al presentarse la violencia estructural en sus comunidades. Aunado a ello, enfrentan una doble condición de vulnerabilidad: ser mujer y ser indígenas.

De Movimiento Ciudadano, María Candelaria Ochoa Ávalos, señaló que la modificación permitirá generar sinergia institucional y positiva para avanzar en la mejora de la situación de las mujeres indígenas. Son las que viven más marginación, pobreza, desigualdad, discriminación y violencia; las políticas públicas llegan como una dádiva y no como un derecho, “sin duda, necesitamos avanzar en la protección de los derechos”.

Virgilio Caballero Pedraza, de Morena, mencionó que las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres. “Esta situación coloca a las mujeres en una situación de desventaja social, económica y cultural, y provoca la violación de sus derechos humanos. La discriminación y la violencia contra las mujeres es un tema indispensable de entender de manera universal, se debe terminar ya con él”.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes, del PVEM, sostuvo que los derechos de las mujeres indígenas están escritos en las convenciones y tratados internacionales y en nuestra Constitución. “Son instrumentos jurídicos que deben respetar todas las autoridades, pero falta mucho camino por recorrer y por legislar. Sin duda, esta reforma es un paso importante, pero no es un paso que se haya dado a tiempo”.

Eva Cruz Molina, del PRD, opinó que la incorporación de la CDI para coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y dar seguimiento a las acciones de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, contribuirá a superar la discriminación que viven en sus comunidades. “Es de sobra conocida una frase que sintetiza la situación de las mujeres indígenas en el país, las tres veces discriminadas por ser: pobres, indígenas y mujeres”.

Por el PAN, el diputado Luis de León Martínez Sánchez mencionó que con esta reforma se pretende consolidar, reforzar y dar seguimiento a las acciones que en la materia realicen las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales, para terminar con la lacerante violencia que aqueja a la mayoría de las mujeres y niñas indígenas, por el simple hecho de ser mujeres.

La diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del PRI, dijo que la modificación es de la mayor relevancia para la defensa y reivindicación plena de los derechos de las mujeres indígenas, quienes históricamente han sufrido violencia, discriminación, maltrato y exclusión. “Estamos convencidos de que el desarrollo de México se inicia y propicia con el reconocimiento de los principios de igualdad”.

Se devolvió al Senado de la República para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional.