Por: Redacción/

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen que reforma y adiciona la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos constitucionales 75 y 127; el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, actualiza términos y criterios relacionados con remuneraciones de servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.

Entre los cambios, destaca que incurrirá en cohecho el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.

Se considera desvío de recursos públicos el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en la ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo.

Dicho dictamen fue aprobado en lo general, por 436 votos a favor. Mientras que en lo particular y en términos del documento quedaron los artículos 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 y 17 que habían sido reservados; la votación fue 344 en pro y 72 en contra.

También en lo particular, se aceptó con 421 votos adicionar un artículo 7 Bis, a fin de establecer que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, será el responsable de emitir una opinión anual sobre los montos mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores públicos, así como de los trabajos técnicos calificados o por especialización en su función a que hace referencia el artículo 127 de la Constitución.

La diputada Laura Angélica Rojas (PAN) señaló que sólo haría una opinión sobre cuánto deben de ganar los servidores públicos, sino también sobre qué cargos estarían catalogados dentro de la categoría de técnicos calificados o especializados, “estos, como lo marca la Constitución, estarían exentos de la prohibición de ganar más que el Presidente de la República y eso es muy importante”.

El Centro de Estudios tendría que pedir la opinión de al menos tres universidades o centros de investigación en el ámbito nacional, para poder elaborar el documento que sirva como referencia para tomar la mejor determinación sobre cuánto vale el trabajo del Presidente de la República, y del resto de servidores públicos del país.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar González Yáñez (PT), expresó que se busca, por primera vez, reglamentar el ingreso y salarios de los servidores públicos, y no aparezcan como aquellos ciudadanos que gozan de más privilegios que cualquier otro ciudadano, “que por tener el privilegio de manejar recursos públicos puedan darse un salario prácticamente como lo quisieran”.

Se trata de terminar con los abusos. “Abusos derivados de todos los géneros políticos y de todas las fracciones políticas, porque lamentablemente la corrupción prácticamente ha sido de todas las expresiones políticas del país. Basta ya de los servidores públicos que solamente buscan enriquecerse de bienes y de dineros de la nación”.

Hubo una época donde los servidores públicos ganaban hasta 400 o 500 mil pesos mensuales, cuando el salario mínimo prácticamente era de 40 o 50 pesos. “Con esto estamos buscando regularlo, que podamos dar una opinión, que podamos recibir una del Centro de Estudios, y así terminar con todos aquellos abusos que tenían los servidores públicos y seguir con la discusión”.

González Yáñez mencionó que México es el país 133 en percepción de corrupción. “Ser un servidor público en México es un privilegio, en lugar de ser un honor. Que ya no haya una percepción de corrupción y de abuso, entremos a ese espacio ético moral. La ley puede ayudar a evitar los abusos, pero también estamos convencidos que la ética y la moral del servidor público tiene que beneficiarnos a todos”.

Agradeció el esfuerzo de los integrantes de la comisión y de los diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM. “Que los servidores públicos estemos orgullosos de servir al país y no servirnos de él y terminar con aquellas personas que solamente quieren ver en el servicio público el enriquecerse”.

En los posicionamientos, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena) expresó que con estas modificaciones se cumple un proceso legislativo de calidad. “Estamos otorgándole a la ciudadanía un ordenamiento que atiende al marco social y jurídico actual contemplando cambios imprescindibles para una correcta interpretación de la ley”.

Se modifica el texto para establecer como requisito de procedencia, diversas causales derivadas de la buena fe con la que pudieran actuar los servidores públicos para precisar la sanción o recibir u otorgar beneficios mayores a los que corresponden.

Su compañero de bancada, diputado Pablo Gómez Álvarez indicó que estas reformas derivan de una iniciativa presentada por los siete grupos parlamentarios. No se trata de demostrar que una Cámara se puede poner de acuerdo para que por consenso se expida un decreto, sino de acreditar ante la opinión pública que el diálogo está abierto.

Relató que en la medida en que las fracciones parlamentarias le pongan, “en esta Cámara que está empezando en su legislatura, más atención a la propuesta y menos a la crítica de lo que proponen otros, entonces creo que podrá haber muchos más acuerdos”.

La diputada Martha Elisa González Estrada (PAN) señaló que el contenido de las reformas aporta precisión jurídica, actualización normativa y perfeccionamiento técnico en temas fundamentales. Aclaró que el derecho administrativo no admite vaguedades, nociones desactualizadas o nomenclaturas ya obsoletas. “No merecen los gobernados una normatividad que pueda prestarse a arbitrariedades o abusos, por eso aprobamos este dictamen”.

Añadió que su grupo parlamentario ha propuesto instrumentos tendentes a garantizar y promover la honestidad, eficacia, transparencia y el escrupuloso y más sobrio uso de los recursos públicos. “Creemos en la austeridad y en la sobriedad, no como banderas de ocasión ni etiquetas de una marca política, sino como actitudes consecuentes para una mejor disposición en la gestión del bien común”.

Del PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora se manifestó a favor de disminuir la brecha de desigualdad económica y social en México. Agregó que el dictamen tiene como aspiración regular las remuneraciones que se otorgan a las entidades y dependencias, a las administraciones paraestatales, a los fideicomisos públicos y a los organismos dotados de autonomía constitucional, así como a las empresas productivas del Estado y a cualquier ente público federal.

Con su aprobación, se fomentarán mayores mecanismos institucionales de política presupuestal con perspectiva de género, no discriminación y condiciones equitativas en las remuneraciones percibidas entre hombres y mujeres. “No sólo se actualiza el marco jurídico sino se fomentan condiciones más equitativas en materia de remuneraciones promoviendo la disminución de la brecha salarial”.

Carolina García Aguilar, diputada del PES, argumentó que ya no habrá resquicios para que se cuente con un esquema de remuneraciones congruente con la realidad. Destacó la importancia de haber adicionado el principio de no discriminación. “Eso contribuye a la armonización de esta ley con la Carta Magna”.

Esta ley es de vital importancia para hacer de México una nación justa en la que los servidores públicos sirvan a la gente y no se sirvan de la población. “Estamos convencidos en la bondad del nuevo sistema de denuncias públicas, de faltas administrativas y hechos de corrupción ante los órganos de control interno de cada dependencia”.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) expuso que se establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de expedir el denominado Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde las obligaciones al cumplimiento de la norma se sujetan al aprobado en el Presupuesto de Egresos.

Se propone como facultad de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de las cuentas públicas, fiscalizar que nadie haya percibido más que el Presidente de la República y que si así ocurriera se muevan las denuncias penales correspondientes.

Por MC, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar mencionó que entre las facultades de esta Cámara está la de decidir el presupuesto, pero la misma “no debe de ser utilizada en ningún momento para violentar la soberanía o ejercer presión de ningún tipo a los demás poderes. Y menos que esto sea derivado de una línea del Poder Ejecutivo”.

Consideró de vital importancia sujetarse a la nueva lógica de las políticas de austeridad que la sociedad exige, “desde la regulación de las remuneraciones, así como la imposición de sanciones administrativas, penales y económicas a los servidores públicos que incurran en acciones contrarias u omisiones, encaminados a terminar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, que afecten a las finanzas públicas y en consecuencia, la inversión a favor de los mexicanos que más ocupan”.

Luz Estefanía Rosas Martínez, diputada del PRD, señaló que la recuperación de la ética es un asunto relevante, porque nutre y aporta el mejor desempeño de la gestión institucional, ya que con su contenido normativo y prescriptivo contribuye a eliminar situaciones relacionadas con la opacidad, la corrupción, los desfalcos, la cleptocracia, el patrimonialismo y la ilegalidad.

“Estamos de acuerdo que la austeridad se instale en cada uno de los resquicios de la administración pública, pero estamos comprometidos en el irrestricto respeto a los derechos humanos de los trabajadores y en que cualquier mejora en beneficio de los ciudadanos debe ser votada a favor”, afirmó.

En la discusión en lo general, el diputado Sergio Pérez Hernández (Morena) expresó que el compromiso es garantizar que ningún servidor tenga percepciones mayores a las del Presidente de la República. “Se busca que el servicio público sea republicano e íntegro y no un negocio”.

Alfredo Porras Domínguez, diputado del PT, indicó que es la ciudadanía la que ha pedido “transparencia y claridad en los salarios de los servidores públicos. Esta Cámara fue el primer poder que hizo el ejercicio y hoy una vez que se logre el voto, el artículo 127 constitucional, tendrá vigencia”.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) añadió que este dictamen mejora de manera sustantiva los contenidos que fueron aprobados al inicio de esta Legislatura. “Es un instrumento perfectible y en lo sucesivo como legisladores, tendremos la responsabilidad como en todos los procesos que se analizan en este órgano parlamentario, de mejorarlos cotidianamente”.

Del PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán dijo estar a favor de regular las remuneraciones de los servidores públicos con el objetivo de lograr un mayor equilibrio en los salarios, pero también para dignificar, fortalecer y profesionalizar a la función pública. El dictamen, añadió, tiene modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones para armonizar este ordenamiento con el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que es fundamental.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) llamó a las mujeres y hombres con gran preparación “que quieren venir a trabajar y colaborar en el nuevo gobierno de México, que antepongan el servicio a la función pública. Que si bien es cierto sus grandes conocimientos y su gran preparación puede ser debidamente remunerada, en la función pública nos vamos a regir con las normas del gobierno democrático de México. Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre”.

El dictamen considera servidor público a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política, incluyendo a las instituciones dotadas de autonomía y las empresas productivas del Estado.

Precisa que la remuneración se sujeta a los principios rectores de proporcionalidad, de igualdad laboral y de no discriminación, y la solicitud de compatibilidad observará las determinaciones generales de la Secretaría de la Función Pública (SFP), conforme lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sustituye términos como Instituto Federal Electoral por Instituto Nacional Electoral y Procuraduría General de la República por Fiscalía General de la República.

Se incluye en los tabuladores de remuneraciones mensuales a los Tribunales Administrativos de la Federación, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a las empresas productivas del Estado, a los Órganos Reguladores coordinadores en materia energética y cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de los Poderes de la Unión

Destaca que el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos que emitan las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de la Función Pública se deberá apegar estrictamente a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El documento subraya que no se concederán ni cubrirán pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Además, las jubilaciones, pensiones, compensaciones como haberes y demás prestaciones por retiro deberán ser reportados en el informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública, así como en la Cuenta Pública.

En las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no pueden concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno.

Los créditos y préstamos sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permiten, los cuales se informarán en la Cuenta Pública.

Se establece que cualquier persona podrá formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción o ante el órgano de control interno para efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

La Auditoría Superior de Federación ejercerá las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que será competente para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves por actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley.