Por: Redacción/
La Cámara de Diputados integró este lunes un grupo de trabajo conformado por 12 legisladoras y legisladores que se coordinará con la Fiscalía General de la República (FGR) para definir la tipificación del feminicidio, esto frente al aumento exponencial de agresiones hacia mujeres.
También se buscará garantizar presupuesto suficiente para entes autónomos que atiendan y prevengan este delito; asimismo, para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
El grupo de trabajo es encabezado por la diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, quien indicó que se iniciará el análisis para definir un solo tipo penal de feminicidio.
Asimismo, se trazarán objetivos para avanzar en la agenda de género del Congreso de la Unión.
En entrevista, la diputada aseguró que, a pesar de que en las legislaciones locales y la federal están incluidos los tipos penales de dicho delito, las investigaciones no funcionan, no hay especialización en la impartición y procuración de justicia, tampoco se tienen unidades específicas y las que existen no cuentan con los recursos suficientes para funcionar.
Para atender este problema, “hay que ver cuáles son los temas que están en el ámbito del Poder Legislativo para generar las reformas y adecuaciones normativas necesarias, tanto en lo constitucional, como en la normativa secundaria”, agregó.
“Nosotros consideramos que tenemos que avanzar en las conquistas que ya hemos ganado, y una de ellas es justamente este tipo penal que está en el Código Penal Federal. La problemática no es esto, es su aplicación y en la diversidad de criterios y tipos penales que están en los códigos de las entidades federativas; es un problema la diversidad normativa”.
Por eso, dijo, uno de los temas que se revisarán en la mesa de trabajo son las modificaciones constitucionales que logren un solo tipo penal de feminicidio, que sea el mismo en el ámbito federal y local.
Consideró que es un triunfo muy importante la colaboración entre la Fiscalía y la Cámara de Diputados; es el punto de partida para “desterrar el feminicidio y darle un mensaje de aliento a las mexicanas que hoy estamos horrorizadas de ver lo que está pasando en contra de las mujeres y esta violencia exponencial”.
Se requieren políticas públicas transversales
El incremento de víctimas de feminicidio que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 a diciembre de 2019, suman 3 mil 621 casos, evidencia la necesidad de políticas públicas que atiendan de manera transversal el problema.
“No basta la tipificación homologada si finalmente no se aplica (…) lo que queremos es que esas muertes no ocurran y cómo se puede solucionar: con la prevención.
“Prevenir los feminicidios es un tema multifactorial y se tiene que abordar desde distintos puntos, por eso muchas de nosotras consideramos que sería oportuno crear una ley general, que no solamente establecería los tipos, sino también las políticas públicas que se implantarían, los programas o las entidades responsables de generar las acciones de prevención”, puntualizó Ortega Martínez.
Lo anterior, debe ir acompañado de los recursos necesarios para que las entidades funcionen, porque se han reducido los recursos hacia programas con perspectiva de género que buscan erradicar la violencia, sostuvo.
“Consideramos que sería muy atendible tener una ley que tuviera políticas transversales, obligaciones para los tres órdenes de gobierno y para los tres Poderes de la Unión, y la ruta que se tiene que seguir”.
Aseveró que el feminicidio se está convirtiendo en un cáncer, una emergencia que se debe atender por medio de los mecanismos que tiene el Estado; por eso el punto de partida sería generar estas directrices.
“Hay algunos que están pugnando por tener un Código Penal Único, donde se establezca un solo tipo penal, pero nosotros decimos que no basta con el tipo, si no se establecen estas directrices, políticas públicas, y por ello está la alternativa de la ley general”, abundó.
Además, se requieren órganos autónomos especializados en el tema, porque “no podemos contrarrestar un fenómeno, si quienes están llevando la batuta de la investigación, de la impartición y procuración de justicia no lo hacen con perspectiva de género”.
“El feminicidio es un tipo penal que muchos todavía se resisten a entender, pero que está ahí, porque éste es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres. Tenemos que empezar reconociendo que en este país hay un profundo machismo, una profunda discriminación hacia las mujeres y que siguen viviendo una violencia fuerte que, lamentablemente, está acabando con la vida de muchas y tenemos que erradicarla”, apuntó.
La Comisión de Justicia aporta soluciones
La legisladora compartió que la instancia legislativa que preside ha impulsado diversas iniciativas que atienden los tipos de violencia contra la mujer.
Recordó que una de ellas es establecer un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, “porque la violencia tiene muchas formas, la económica es un tema que afecta al hogar, que daña a las mujeres. Parece que hay una gran impunidad en este asunto”.
“Esta comisión ha sido de las más productivas. Además, tiene dos subcomisiones, una que atiende los feminicidios y violencia contra las mujeres, y otra, la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Estas dos subcomisiones han venido generando instrumentos legislativos en este tema”, explicó.
En ese sentido, agregó: “hay un compromiso real de la Comisión de Justicia por abonar a erradicar la violencia”.
Por otro lado, luego de que en la sesión del 18 de febrero el Pleno aprobara diferentes dictámenes en materia de acoso, hostigamiento sexual y para aumentar la pena por feminicidio, Pilar Ortega enunció la postura de la Comisión de Justicia por los recientes hechos de violencia contra mujeres y niñas.
“La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresa su profunda consternación por los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas mexicanas, particularmente de los atroces feminicidios de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, quienes antes de ser asesinadas padecieron los defectos del sistema de procuración de justicia”, expuso.
Manifestó que la comisión asume su compromiso de legislar “ante esta emergencia nacional, en la inteligencia de que solo con la participación de todas las fuerzas políticas y en unidad se avanzará en la solución de esta dolorosa problemática”.
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