Por: Redacción
Ante el aumento del delito de robo o usurpación de datos de identidad y por el que México ocupa el “nada honroso octavo lugar mundial”, el senador Arturo Zamora Jiménez del PRI, presentó una propuesta de reforma en la que precisa diversos mecanismos para sancionar los delitos contra la identidad de las personas.
Plantea sancionar con penas, que van de los dos a los 12 años de prisión, a quienes cometan los delitos de: tratamiento ilícito de datos de identidad, expedición y uso ilícito de documentos de identidad, intrusión a la seguridad informática, suplantación de usuario de tarjetas de crédito o débito y uso ilícito de datos de identidad en sistemas informáticos.
Además, señala que se entenderá por datos de identidad “toda información específica o sensible, habida en cualquier soporte, sistema o repositorio, susceptible de ser utilizada conjunta o separadamente con otra información, para identificar o pretender identificar a una persona física, viva o fallecida”.
Todo ello, en la iniciativa con Proyecto de Decreto para derogar el Capítulo XI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, denominado De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales, y para adicionar un Título Vigésimo Séptimo al Libro Segundo del Código Penal Federal, denominado Delitos contra la identidad de las personas.
En la Revista que publica el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, “Pluralidad y Consenso No. 28”, se presenta el artículo “Por un marco legal para los delitos contra la identidad de las personas en México”, del senador Zamora Jiménez, en donde se analiza la problemática alrededor de este “nocivo y reprensible” fenómeno delictivo.
Cabe destacar que durante el período de 2009 a 2016 se han presentado por lo menos 11 iniciativas en el Congreso de la Unión con el objeto de regular a nivel federal el robo de identidad, de las cuales, solamente una ha sido dictaminada y votada por los plenos de ambas cámaras.
En este sentido, el senador puntualiza: “Al no existir en nuestra legislación un modelo abarcador del comportamiento lesivo a la identidad de las personas, se hace necesario, a fin de evitar impunidad en el ámbito legislativo por falta de norma, que se tutele de manera efectiva el valor fundamental de la protección de la vida privada y los datos personales”.
Esta conducta, agrega, consiste en la apropiación o usurpación de datos y documentos de identificación de una persona para realizar todo tipo de operaciones delictivas, como retiros de efectivo mediante el uso de tarjetas de crédito o débito fabricadas por los delincuentes; compras en línea o pago de servicios con cargo a tarjetas adulteradas; créditos personales o automotrices, entre otros, siempre en perjuicio de la víctima.
Asimismo, expone que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), durante 2011 se atendieron cuatro mil quejas por presunto robo de identidad, cifra que se elevó a 10 mil, durante 2015. En todo el sistema bancario mexicano se presentaron 59 mil 250 quejas por eventos de esa misma naturaleza, agrega.
Si se sumaran todos los casos en los que se involucra el robo o usurpación de identidad de usuarios en los servicios financieros, las quejas podrían llegar a más de 100 mil, destaca la Condusef; y el monto de las reclamaciones por este delito, vinculado a los servicios financieros, en 2014 representó 762 millones de pesos, mientras que en el año 2015 aumentó a 976 millones de pesos.
Ello, sin incluir el alto impacto económico de los delitos que se presentan fuera del sistema financiero, como las operaciones fraudulentas de enajenación de bienes inmuebles, donde los auténticos propietarios son suplantados por otra persona o por la obtención de créditos personales o automotrices.
Adicionalmente, el senador Zamora señala que el18 de febrero de este año, se firmó el documento denominado “Bases de colaboración para inhibir la suplantación de identidad a través del sistema financiero en México”, en el que algunas instituciones del Estado mexicano y del sector privado, ofrecieron sumar esfuerzos para establecer acciones conjuntas para la prevención de este ilícito.
Con este convenio, las instituciones del sistema financiero mexicano tendrán intercomunicación en tiempo real con el Instituto Nacional Electoral (INE), para corroborar y autenticar la identidad de usuarios que pretendan realizar una operación financiera y utilizar la credencial para votar como documento para comprobar sus datos personales, entre otras acciones interinstitucionales, a fin de impedir la evasión de impuestos “mediante la siembra de aparentes contribuyentes a quienes les ha sido usurpada su identidad”.
A una semana del inicio de operaciones de este acuerdo, la Condusef reportó la atención de 46 casos de posible robo de identidad que derivaron en 88 acciones de defensa; e informó que las entidades federativas con más quejas fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Morelos.
El artículo completo puede consultarse en la dirección electrónica:
http://www.senado.gob.mx/ibd/
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