Por: Javier Bárcenas/

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) coincidieron que es necesario un diagnóstico vinculante y un enfoque transversal para mejorar el desarrollo rural en México.

Durante la reunión de trabajo “El Desarrollo Rural Sustentable y Significado de la Medición de sus Objetivos. Agenda 2030”, el presidente del Comité del CEDRSSA, diputado José Hugo Cabrera Ruiz (PRI), afirmó que se debe seguir profundizando en el análisis sobre el diagnóstico vinculante.

“No solamente diagnósticos a secas, sino vinculantes”, insistió el también integrante de las comisiones ordinarias de Agricultura y Sistemas de Riego y de la de Reforma Agraria.

El director general del CEDRSSA, Héctor Hugo Olivares, aseveró que los objetivos del desarrollo rural sustentable, por su enfoque multi e interdisciplinario, no pueden explicarse aisladamente.

Su medición corresponde al estudio de sistemas complejos, como eficaz herramienta para conocimiento y transformación de la sociedad en conjunto, detalló.

El auditor especial de desempeño de la ASF, Roberto Salcedo Aquino, comentó que “todos los rezagos que tenemos en educación, salud, etcétera, están en la población rural”, que en México equivale a 30 millones de personas, de un total de 120 millones.

“Uno de los problemas es que el gobierno está estructurado sectorialmente y todo lo que es concurrente no funciona. Hay gabinetes especializados del sector rural que no han funcionado en todo el sexenio”, enfatizó.

El director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, Alberto Mayorga Ríos, indicó que en 10 años la contribución del sector rural al Producto Interno Bruto (PIB) “se ha limitado a ser de 700 mil millones de pesos, es decir, alrededor del 3.2 por ciento del PIB”.

De las unidades económicas rurales, solamente un 8.7 por ciento son unidades económicas empresariales, las cuales son competitivas internacional y exportadoras.

“La vertiente competitiva redujo su participación en prácticamente la mitad y la vertiente social la ha duplicado y esto no está mal, pero esta evolución es indicativo de que el programa se orienta cada vez más en tender una red de protección social y no necesariamente para fomentar las actividades productivas de alta competitividad”, advirtió.