Por: Vicente Flores
La Procuraduría General de Justicia Capitalina (PGJDF) logró la detención de Jesús Alejandro Martínez Castro, presuntamente implicado en el secuestro de su secretaria el 11 de diciembre de 2014.
Fotografía: Mugs Noticias/ Rogelio Badillo
Titular de la Fuerza Antisecuestros, Guillermo Terán
El Fiscal Especial de Investigación para la Atención de Secuestro, Fuerza Antisecuestro (FAS) Guillermo Terán Pulido, explicó que el ahora detenido se hizo pasar como Fernando Martínez Cano cuando fue detenido tras estar en una riña en Yecapixtla, Morelos.
No obstante, un estudio biométrico determinó su verdadera identidad, por lo que personal de la FAS se trasladó hasta Morelos.
El fiscal Terán Pulido explicó que el 11 de diciembre, Martínez Cano y dos sujetos más, privaron de la libertad a su secretaria, para posteriormente exigir un cobro económico para su liberación.
Los familiares de la victima reportaron al Ministerio Público capitalino la desaparición de la mujer, por lo que se activó el protocolo de Atención a Víctimas.
El 16 de diciembre, los familiares realizaron el pago del rescate, sin embargo, no se liberó a la secretaria.
El cuerpo de la mujer fue encontrado en enero se 2015, en la Avenida San Lorenzo, colonia San Juan, delegación Iztapalapa. El cadáver, de acuerdo a los dictámenes periciales, tenía entre 40 y 42 días se deceso previo al hallazgo y mostraba signos de haberla mantenido seis días en cautiverio.
De acuerdo con el fiscal Terán, el aseguramiento del presunto responsable se logró por que Luis Alejandro, utilizó el teléfono de la víctima desde la fecha en que fue privada de la libertad y en esa misma linea telélefónica, se realizaron las negociaciones para el rescate.
De acuerdo con las declaraciones del ahora detenido, uno de los coparticipes tenía intenciones de privar la libertad a la secretaria, derivado de que este tenía conflictos con uno de los familiares de la mujer.
El iuez penal en turno, determinó que Luis Alejandro Martínez es responsable del delito de secuestro agravado, por lo que podría dictarle una pena de entre 80 y 140 años. A la vez que el inmueble donde fue realizado el ilícito será propuesto para extinción de dominio.
El titular de la FAS, indicó que se han iniciado las indagatorias para encontrar a los otros dos responsables.
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