Por: Redacción/

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por un total de 7 mil 422 millones de pesos (mdp) en el gasto federalizado ejercido por estados, municipios y demarcaciones territoriales en el 2017.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017, las entidades que presentaron un mayor monto observado fueron: Michoacán, con 2 mil 522 mdp, 34 por ciento del monto observado, y el Estado de México, con 960 mdp, que significó el 12.9 por ciento del concepto citado.

Así como Puebla, con 920 mdp; Coahuila, con 874 mdp; Tabasco, con 233 mdp; Tlaxcala, con 221 mdp; Guerrero, con 215 mdp; Guanajuato, con 173 mdp; Campeche y San Luis Potosí con 157 mdp; Jalisco, con 156 mdp; Tamaulipas, con 150 mdp; Yucatán, con 145 mdp; y Oaxaca, con 112 mdp.

En contraste, los estados que no presentaron un monto, fueron Baja California, Chiapas, Nuevo León, Querétaro y Sonora, lo que indica que se implementaron medidas de control adecuadas en el uso de los recursos transferidos por medio del fondo.

Precisa que el monto de 7 mil 422 mdp, equivale al 19.8 por ciento de la muestra auditada (37 mil 491.5 mdp).

En el informe también se observan irregularidades por 620 millones de pesos en la distribución de las participaciones federales de las entidades a los municipios.

Entre las principales problemáticas se detectaron: participaciones no entregadas a los municipios, por 429 mdp; retrasos en la ministración de los recursos a los municipios, por 81 mdp; errores de cálculo en la distribución, por 68 mdp; falta de acreditación del pago a terceros de las deducciones a las participaciones federales, por 32 mdp; y deducciones a las participaciones federales no justificadas, por 9 mdp. Las cuales en su conjunto suman 620 mdp.

La ASF también refiere que en el Programa Diseño de la Política de Ingresos, para el Estado de México se determinaron hallazgos por mil 237 millones de pesos, que equivalen al 100 por ciento de los recursos transferidos a este programa en la entidad federativa.

La relevancia de esta revisión radica en que el Estado de México, es la única entidad federativa receptora de estos recursos.

Al respecto, los depósitos y retiros de las cuentas donde se administraron los recursos carecen de trazabilidad bancaria, respecto de la documentación comprobatoria presentada.