Por: Redacción/

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó algunas fallas en la actuación de la extinta Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General de la República (FGR)– y de la Secretaría de Gobernación, de la pasada administración federal, para combatir la trata de personas.

En el primer informe parcial sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, entregado a la Cámara de Diputados, la ASF señaló que en ese año la PGR sólo consignó ante un juez el 3.0 por ciento de las averiguaciones previas y el 1.0 por ciento de las carpetas de investigación.

En el documento indicó que en materia de procuración de justicia, de 244 averiguaciones previas recibidas por la PGR por el delito de trata, el 74 por ciento (181) estaban en trámite, el 23 por ciento (56) fue improcedente y 3.0 por ciento (siete) se consignó.

En cuanto a las carpetas de investigación, de las 288 que se abrieron, el 67 por ciento (192) estaba pendiente, el 32 por ciento (93) fue improcedente y el 1.0 por ciento (tres) se vinculó a proceso y sentenció.

“Lo anterior quiere decir que sólo uno de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso por la PGR y sentenciado por los órganos jurisdiccionales, lo cual evidencia la persistencia de un entorno de impunidad en la comisión de dicho delito”, expuso la ASF.

“En concordancia con lo anterior, desde la perspectiva de la ASF, el Estado mexicano no ha garantizado la protección de los derechos humanos de quienes han sido víctimas del delito de trata de personas, en cumplimiento a los compromisos derivados del marco constitucional y de los tratados internacionales en la materia”, agregó.

El órgano fiscalizador también apuntó que “a seis años de la publicación de la nueva ley en la materia, la Segob no implementó el Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas”.

Asimismo, dijo que en cuestión de prevención de este ilícito, la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas realizó 653 mil 115 acciones de difusión, mientras que los gobiernos estatales y entidades que integran a la Comisión llevaron a cabo un millón 25 mil 819, “lo que evidenció una limitada coordinación para la prevención del delito”.

La Segob, además, “no ejerció el fondo federal previsto para la atención de víctimas de trata, mientras que en el ámbito estatal, los gobiernos locales no dispusieron de recursos para dichos fines”, finalizó la ASF.