Por: Redacción

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró de manera precautoria 58 m3 de madera (equivalentes a 58 toneladas), como resultado de un megaoperativo forestal en la Delegación de Milpa Alta coordinado con la Gendarmería Ambiental, SEDENA, Policía Federal y el Gobierno de la Ciudad de México.

La acción permitió la clausura y desmantelamiento de 9 aserraderos que operaban de manera ilegal en el poblado de San Salvador Cuauhtenco, así como el retiro de 48 equipos forestales de aserrío y herramientas cuyos responsables no pudieron acreditar la legal procedencia de las citadas materias primas forestales.

En atención a una serie de denuncias ciudadanas, la PROFEPA implementó dicho operativo la mañana de este miércoles con la participación de 950 elementos: 60 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); 120 de la Policía Federal; 280 de la Gendarmería; 400 de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como de 30 inspectores de la PROFEPA con el apoyo de 60 elementos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA-CDMX).

En base al Artículo 161 fracciones I de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la PROFEPA impuso las clausuras totales temporales y el aseguramiento precautorio de 58 m3 de madera de Pino (31 m3 en rollo y 27 m3 escuadría); y 48 equipos forestales de aserrío, entre ellas: 06 torres de aserrío de 1.80 metros de altura con volantas de 80 centímetros, carros de empujón, sierras eléctricas y motores eléctricos de 25 hp.

El producto y maquinaria asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la Delegación de la PROFEPA en la Zona Metropolitana del Valle de México, para lo cual fue necesario la utilización de 6 grúas, 4 camiones rabones, 4 camionetas de 3.5 toneladas y 5 camionetas pick up.

Cabe señalar que una acción operativa coordinada entre autoridades federales y de la Ciudad de México para combatir la tala ilegal en la zona de Milpa Alta, no tiene registro en los últimos diez años, debido a las condiciones sociales de inseguridad y rechazo a los actos de autoridad que la población local había mantenido.

Las diligencias se realizaron conforme a las órdenes de inspección emitidas por la propia PROFEPA, luego de que mediante trabajos de Inteligencia compartidos con las instituciones participantes, se detectaran dichos aserraderos que operan en la ilegalidad en un amplio espectro del poblado de donde los responsables de los aserraderos no exhibieron, en ningún momento, documentación que acreditara tanto su legal funcionamiento como la legal procedencia de las materias primas forestales.

Desde las primeras horas de hoy, se puso en marcha la logística del operativo mediante la instalación de cercos de seguridad por tierra y aire (mediante el uso de un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal) para evitar confrontaciones con los lugareños y garantizar la integridad del personal actuante y responsable de hacer valer los preceptos que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) vigente.

El Operativo realizado responde a las denuncias ciudadanas, donde se ha manifestado el incremento de actividades de tala clandestina derivadas del aprovechamiento ilegal de arbolado derribado por fenómenos meteorológicos.

Con ello, se logró el retiro de maquinaria y equipo que eran utilizados de manera ilegal en la industria de la transformación de materia primas forestales proveniente de la zona boscosa de Milpa Alta que forma parte del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, donde se generan servicios ambientales prioritarios para la ciudadanía, tales como la captación de agua, captura de carbono y la reducción de CO2.

Así mismo, cabe destacar que en la Ciudad de México existe una veda forestal decretada desde 1947 y en la zona de Milpa Alta no existe hasta el momento autorizaciones federales de aprovechamiento forestal por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La PROFEPA continuará con acciones operativas interinstitucionales dirigidas a combatir e inhibir los delitos forestales a fin de coadyuvar a la protección de los recursos naturales y el aprovechamiento sustentable, estableciendo como estrategia prioritaria el disminuir la excesiva capacidad instalada que opera de manera ilegal en los CAT que no acrediten con el cumplimiento de la normatividad forestal vigente.