Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que, al cumplirse hoy una década de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las personas en esa condición constituyen una de las minorías más invisibles y marginadas en el mundo.

Los avances en nuestro país en los terrenos legislativo, de políticas públicas y programas, así como de toma de conciencia, contrastan con las grandes desigualdades y barreras que aún enfrenta ese colectivo.

Este Organismo Nacional llama a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a intensificar esfuerzos para cambiar la visión hacia las personas con discapacidad, reconocerlas como sujetos de derecho y continuar con el impulso de leyes, programas y acciones que redunden en el beneficio de ese colectivo y la sociedad en su conjunto.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en México hay casi 7.2 millones de personas que reportan tener dificultad para realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria, lo cual implica enfrentar alguna condición discapacitante.

Por su parte, el INEGI señala que la prevalencia de la discapacidad en México es de 6%, y las
dificultades para caminar y ver, son las más reportadas entre ese grupo poblacional. Indica, además, que los principales detonantes de discapacidad en el país son las enfermedades
(41.3%) y la edad avanzada (33.1 por ciento); el 23.1% de la población con discapacidad de 15 años y más no cuenta con algún nivel de escolaridad; el 83% de las personas con discapacidad es derechohabiente o está afiliado a servicios de salud, en tanto que las personas con dificultades para ver son las que más asisten a la escuela (42.4%) entre la población con discapacidad de 3 a 29 años y 39.1% de quienes tienen 15 años y más de edad participa en actividades económicas.

Las personas con discapacidad integran uno de los grupos con mayores riesgos de vulnerabilidad estructural: su acceso a los servicios de salud es deficiente, tienen precarios resultados en términos de inclusión educativa y su participación económicamente activa es muy limitada; es por eso que los índices de pobreza entre ellas son considerablemente más altos que en la población sin discapacidad.

Para esta Comisión Nacional, la sociedad les impone barreras de diversa índole y la superación de esos obstáculos requiere del compromiso y participación activa de todos los sectores de la sociedad: gobiernos, organizaciones no gubernamentales, profesionales, las propias personas con discapacidad, sus familias y, particularmente, los Organismos Públicos de Derechos Humanos, que tienen el deber de impulsar la transformación social de la realidad que la justicia social exige.

La CNDH señala que la CDPD es la hoja de ruta que marca el rumbo. El monitoreo de su aplicación ayuda a los responsables del diseño y desarrollo de la política pública en materia de atención a ese grupo poblacional a decidir eficazmente sobre la utilidad de las acciones implementadas para hacer realidad su inclusión en la sociedad.

Entre las buenas prácticas pendientes de realizarse están: avanzar en la armonización normativa de todo el país acorde a los estándares de la CDPD; desarrollar e implementar un plan nacional de accesibilidad que contemple los parámetros y el modelo social de la Convención, y garantice la vida independiente a las personas con discapacidad; elaborar los protocolos de actuación policial y de las fuerzas armadas para el trato digno y adecuado de las personas con discapacidad en casos de detenciones o cualquier situación en que se encuentren involucradas; diseñar y difundir información en formatos accesibles como el sistema Braille, lengua de señas, estenografía proyectada, señalética, lectura fácil o todo ajuste necesario.

También, reforzar el nuevo modelo educativo que haga posible la transición de la educación especial a la inclusiva en todo el país; diseñar e implementar instrumentos informativos, normativos, de política pública y cualquier otro para promover y garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida política del Estado; elaborar protocolos de actuación del personal profesional de la salud para garantizar trato digno y adecuado, obtención del consentimiento informado, e incorporar el diseño universal, la accesibilidad y los ajustes razonables en la prestación de bienes y servicios que asegure a las personas en esa condición el acceso a la cultura, esparcimiento, turismo y deporte.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI, impulsado en el seno de Naciones Unidas por el Gobierno mexicano en 2001, y es también el tratado internacional que más rápidamente ha entrado en vigor al alcanzar las firmas y ratificaciones necesarias en corto tiempo.