Por: Redacción

El 20 por ciento de la población del país vive en la Ciudad de México, el 97.14 de los más de ocho millones de habitantes, cuentan con cobertura de agua en tomas domiciliarias y la red de drenaje abarca el 93.17 por ciento del territorio, suministrarles agua significa obtenerla a través de fuentes subterráneas en un 67 por ciento y el caudal restante es de fuentes superficiales como manantiales ubicados tanto en la ciudad como en los estados de México y Michoacán.

Sin embargo, la distribución de agua por delegaciones no es igualitaria, mientras 12 delegaciones reciben 300 litros por habitante al día, a Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa les llega 177, 214 y 238 litros respectivamente, pero datos más reales de parte del investigador de la UAM, Jorge Legorreta, indican que un habitante de sectores populares de la Ciudad de México, vive con 14 litros de agua al día.

Se calcula que para sustituir la red hidráulica secundaria de una delegación a fin de regularizar la dotación del líquido es necesario invertir mil 500 millones de pesos anuales, “toda vez que constituye una deuda social del gobierno a favor de las familias más desprotegidas”, indicó la legisladora perredista Janet Hernández Sotelo.

Ante las desigualdades mencionadas, la diputada por el Distrito XIX en Iztapalapa, señala la oportunidad de que la primera Constitución de la Ciudad contemple el agua potable como derecho humano inalienable a efecto de garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en calidad, cantidad y salubridad. “Es necesario establecer disposiciones tendientes al desarrollo integral de pueblos y personas”, expresó.

En ese sentido, Hernández Sotelo propone la redacción de dos capítulos como parte del Título “del Cuidado del Medio Ambiente”, uno sobre el asunto del agua, y otro para impulsar la cultura del cuidado de este recurso, a efecto de incluirse en el articulado de la primera Carta Magna local. Se busca el acceso al servicio público del agua en cantidad, calidad y salubridad para consumo personal y doméstico, no susceptible de restricción o privatización alguna, agregó.

Al ser un recurso que impacta en el desarrollo económico y social de la población, se debe elevar a rango constitucional el derecho humano al acceso al agua potable y para eficientar un organismo público en la materia, que garantice una correcta infraestructura, distribución y suministro de manera equitativa para los habitantes en la Ciudad, abundó la legisladora. Para el tema de la cultura del agua, ésta se establecería con base en la política hídrica de la Ciudad, y en principios de desarrollo social y económico a efecto de que los habitantes participen en su uso racional.

La también presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), explicó que esta cultura impulsará que el agua se considere vital, escasa, finita y vulnerable, mediante la educación del cuidado del medio ambiente, en especial del agua para garantizar el equilibrio ambiental de la Cuenca de México.