Por: Redacción

Se estima que por la corrupción en México, se pierden alrededor de 347 mil millones de pesos al año, mismos que podrían invertirse en la construcción de hospitales, escuelas, carreteras, etc. es por ello que los Grupos Parlamentarios, los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, y Centros de Estudio u órganos de Investigación del Congreso de la Unión, deben de ser sujetos obligados y transparentar todo recurso público que ejerzan, propuso la vicecoordinadora de proceso legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

La legisladora presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de Transparencia de los recursos asignados a los Grupos Parlamentarios.

“Una vez turnado a la comisión de Transparencia, esperamos que los diputados transiten la iniciativa lo antes posible y que sea dictaminada a favor, sólo así demostrarían los representantes de todos los partidos políticos que están dispuestos a darle certidumbre a los recursos de los mexicanos” dijo.

Talavera Hernández desafió a todas las fuerzas políticas del Senado y de la Cámara de Diputados a ser transparentes con el recurso de los grupos parlamentarios, en donde refirió que Transparencia Internacional posiciona a México como el país más corrupto entre las naciones que integran a la OCDE, por lo que los partidos políticos en el Congreso de la Unión, deben de ser los primeros en fortalecer la democracia y la competitividad nacional a través de la rendición de cuentas.

Con la iniciativa que presenté, al ser los grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados Sujetos Obligados para evitar el uso discrecional de los recursos públicos, posiblemente obtendríamos una calificación más alta en el índice de transparencia legislativa, que en 2016 nos calificó con un vergonzoso 17% en el rubro de difusión de información de presupuesto y gestión administrativa, señaló.

Explicó que el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

En la interpretación de este derecho, dijo, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, en donde los sujetos obligados, en este caso los grupos parlamentarios, deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Talavera Hernández refirió que, no obstante, de contar con un marco jurídico que sienta las bases para que la sociedad pueda estar al tanto de la información, así como del manejo de los recursos con los que operan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados, diversos estudios señalan la falta de transparencia de los mismos, planteando el riesgo de que en dichas entidades se genere corrupción al no existir garantías de que los recursos se ejerzan correctamente.

La vicecoordinadora de proceso legislativo recordó que el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado por transparencia internacional sitúa a México como el país más corrupto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una calificación de 30 en una escala que va de 0 a 100.

“México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, respecto al año anterior” señaló.

Con esta iniciativa, refirió se busca avanzar con mecanismos que garanticen una verdadera transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo Federal y de las entidades Federativas, en donde hoy se establece que los Grupos Parlamentarios están obligados a poner a disposición del público un informe semestral, sin embargo, resulta indispensable que éstos se den en lapsos menores de tiempo.

Por ello, informó, se tiene como objetivo que estos informes se den de manera bimestral, además de precisar que en ellos se establezca claramente el uso, destino y comprobación de subvenciones extraordinarias, fondos, partidas y compensaciones.

Puntualizó que el país no puede continuar en la línea delgada de la -corrupción institucional- que debilita el estado democrático de México, inhibe la competitividad y la participación ciudadana.