• El cuerpo de seguridad es utilizado en prácticas violatorias, como el uso desproporcionado de la fuerza, denuncia el senador Álvarez Icaza

Por: Redacción/

Con el fin de garantizar medidas de no repetición de violaciones a derechos humanos cometidas en contra de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, presentó una iniciativa para derogar las facultades otorgadas a la Guardia Nacional en materia migratoria.

El senador busca reformar la Ley de la Guardia Nacional para derogar todas sus funciones en materia migratoria, ya que considera que se trata de un cuerpo represivo para contener y violar los derechos de las personas migrantes.

La militarización de la política migratoria en el país, afirmó, se formalizó a partir de la creación de la Ley de la Guardia Nacional en 2019 y posteriormente con la implementación del Plan de Migración y Desarrollo del Gobierno Federal.

Refirió que, en Chiapas, principal entrada de personas solicitantes de protección internacional, entre mayo y noviembre de 2021, se identificó la presencia de la Guardia Nacional en 80 por ciento de las acciones de control y revisión migratoria, de acuerdo con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.

La presencia de diversas fuerzas de seguridad en el estado se conecta con las constantes denuncias del actuar de los elementos contrarios a la protección y respeto de los derechos humanos, denunció Álvarez Icaza.

Además, el aumento de quejas en Chiapas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional, señaló, aumentó de nueve en 2019, a 40 en 2021, sin contar con las 340 quejas recibidas contra el Instituto Nacional de Migración (INM) en 2021 que lo mantiene en el primer lugar de las instituciones con mayores violaciones de derechos.

Álvarez Icaza denunció que la Guardia Nacional, lejos de vigilar la aplicación del marco normativo y el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, es empleada para avalar prácticas violatorias, como el uso desproporcionado de la fuerza y la separación familiar de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, fue turnado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.