El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas a la Constitución Política estatal para garantizar el derecho humano de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, como una reforma que contribuirá a la igualdad jurídica, la no discriminación y a erradicar todo tipo de violencias en su contra.

En sesión deliberante, la diputada Paola Jiménez Hernández (PRI), autora de la iniciativa, expuso que la reforma armoniza la Constitución Política local con la federal y, sobre todo, con los convenios y tratados internacionales que reconocen el derecho humano a una vida libre de violencia, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocido como Convención de Belém Do Pará.

La reforma se suma a las acciones para combatir la violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos y fortalece el marco jurídico local que garantice este derecho ante la ausencia de una política de Estado que defienda a las niñas, adolescentes y mujeres, indicó.

La legisladora lamentó que los hogares siguen siendo uno de los lugares más inseguros para las niñas, adolescentes y mujeres, en un contexto en el que se reportan 15 mil 876 mujeres violadas; 43 serán abusadas sexualmente hoy solo en la entidad, que encabeza la lista con más agresiones, aunque las estadísticas no indican el número de mujeres y familias se han quedado calladas ante hechos de violencia o abuso sexual.

Llamó a asumir la agenda de género como una necesidad, así como a emprender acciones a la altura de la emergencia, pues resulta inaplazable contar con mecanismos y políticas públicas con suficiencia presupuestal que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Conforme al dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los entes públicos del estado garantizarán el derecho humano a una vida libre de violencia a las infancias, adolescencias y mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.

Para ello, en la elaboración y ejecución de políticas públicas, deberán observar los principios de igualdad jurídica, respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación, la libertad y el desarrollo integral, a través de los principios ya reconocidos en la Carta Magna.