Por: Redacción/

Al participar en la presentación del Informe Final del Proyecto Democracia sin Pobreza. Plan de denuncia y documentación de acciones de compra y coacción del voto en las elecciones 2018, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, afirmó que para evitar que los programas sociales sean motivo de coacción política, se debe empoderar con el derecho de acceso a la información a las personas en situación de vulnerabilidad.

“Yo creo que esa es una ruta que tenemos por delante, en términos institucionales, que construir. Desde el INAI, y así ha sido la lógica de la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, hemos privilegiado mucho los medios electrónicos, pero hoy la información empodera más a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, reconoció.

Salas Suárez dijo que, tras el compromiso de la próxima administración, en el sentido de una nueva política social, los programas sociales de jóvenes y adultos mayores anunciados, deben ser motivo de vigilancia.

“Hay que estar muy alertas, la vigilancia no debe de caer. Evidentemente, el paso número uno es poder monitorear, desde la salida de esos recursos económicos hasta su llegada, el padrón de beneficiarios y, por otro lado, poder activar en el territorio esta vigilancia social”, remarcó.

El comisionado del INAI consideró pertinente poner en el debate público, la persistencia del clientelismo en el país, ya que éste “sigue vivito y coleando pese a que tenemos una pluralidad política, pese a que tenemos una competencia interpartidista”.

En este marco, Salas Suárez cuestionó: ¿la política social, en los últimos años, no se utilizó para mantener activas maquinarias electorales? “Y es ahí en donde vemos que siguen existiendo programas que ya no deberían de existir, porque están en el ámbito federal, pero que no tienen reglas de operación ni programas de beneficiarios.

En el primer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto uno de los compromisos que se estableció fue tener un padrón único de programas sociales y tener un padrón único de beneficiarios, al día de hoy esto sigue siendo imposible”, manifestó.

El Informe Democracia sin Pobreza, una iniciativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones civiles, reveló que, en la pasada contienda electoral, la oferta y coacción del voto podría haber llegado al 33.5 por ciento del electorado nacional, es decir, a 29. 9 millones de personas.

Sin embargo, gracias a que 15.5 millones de ciudadanos rechazó dinero a cambio de su voto, la compra de votos no alcanzó dimensiones que afectaran los resultados en las urnas.

En la presentación, efectuada en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, participaron Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE); Agustín Escobar Latapí, consejero académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); Alberto Serdán Rosales, coordinador del Informe Nacional de Democracia sin Pobreza, y Rogelio Gómez Hermosillo, asesor de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.