Por: Redacción

Ante el recorte de más de nueve mil millones de pesos del Programa Presupuestal de Administración de Agua Potable de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Presupuesto de Egresos 2017, los diputados del PRD en San Lázaro, Omar Ortega Álvarez y Oscar Ferrer Ábalos, propusieron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo con el que se busca garantizar en todo el territorio nacional y sin aumento en las tarifas, el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento.

En la exposición de motivos los legisladores perredistas señalaron que no obstante la importancia del tema, para este ejercicio fiscal 2017 la Conagua sufrió una reducción presupuestal de poco más del 38 por ciento respecto al 2016 al contar con 14 mil 879 millones de pesos; sin embrago, el mayor impacto se concentra en el programa PROAGUA, que tuvo un recorte de poco más de nueve mil millones de pesos ($9’030,425,862), es decir, una reducción nominal respecto al 2016 del 72.5 por ciento.

El programa PROAGUA es un programa descentralizado cuya ejecución corre a cargo de las entidades federativas y resulta de suma importancia debido a que este año será el único programa federalizado existente para atender las necesidades de construcción de infraestructura para la dotación de agua potable, drenaje y saneamiento.

Indicaron que la reducción presupuestal al programa PROAGUA afectará principalmente a los Organismos Operadores de Agua, los cuales deberán cancelar la mayor parte de sus inversiones de infraestructura, lo que impedirá ampliar su cobertura de agua potable y saneamiento; asimismo, las operaciones de dichos Organismos será de manera parcial ya que esas inversiones son destinadas al reequipamiento de pozos, a la sustitución de redes y a la construcción o rehabilitación de plantas potabilizadoras.

Por lo anterior, los Organismos Operadores no podrán dar cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, ya sea porque no pueden ampliar la cobertura a los núcleos de población que carecen de este elemental servicio o porque no podrán mantener la operación del suministro de manera contínua.

Advierten que este problema podría orillar a los Organismos Operadores a buscar financiamiento privado con las posibles consecuencias de privatizar total o parcialmente la cadena del servicio público de suministro como lo es la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.

En este marco, los legisladores apremiaron a hacer cumplir el artículo 4º constitucional: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Finalmente, los legisladores exhortaron al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda para hacer públicas las razones del recorte presupuestal.