Por: Redacción/

La violencia extrema, la pobreza y la falta de oportunidades no son solo las causas de la migración de miles de niños de El Salvador, Guatemala y Honduras, sino también las consecuencias de su deportación.

Esa es la conclusión de un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), que analiza los desafíos y peligros que enfrentan los niños y las familias migrantes y refugiados en su ruta hacia Estados Unidos y México, que muchas veces resulta en detención y un retorno inesperado a sus países de origen.

“Migrar es un derecho humano. Sin embargo, el ejercicio de este derecho para miles de niños y niñas en Centroamérica norte y México es una pesadilla”, asegura Maria Cristina Perceval, la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, quien conversó con Noticias ONU.

Perceval asegura que los niños que son enviados a sus países de origen muchas veces no tienen un hogar al que regresar, terminan endeudados o son blanco de pandillas. Regresar a estas “situaciones imposibles” hace que sea más probable que migren nuevamente.

“Por ejemplo, tal como nos contaba una niña en el Salvador, allí presumen que muchas de esas niñas, (y no se equivocan), han sido víctimas del tráfico y la trata de personas, que han sufrido violencia sexual, entonces tienen que encontrarse con una situación de discriminación, rechazo y estigma en las mismas comunidades de las que habían salido”, resalta.

El informe de UNICEF recalca que este ciclo de migración y posterior deportación se convierte en un “círculo de peligro y dolor” que viola el interés superior de los niños.

Entre enero y junio de 2018 unos 96.216 migrantes, entre ellos 24.198 mujeres y niños, fueron deportados desde Estados Unidos y México. Más del 90% de las deportaciones ocurrieron en este último.

Causas y consecuencias de la migración y la deportación

La pobreza

El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más pobres del hemisferio occidental, con un 44%, 68% y 74% de niños que viven en la pobreza, respectivamente.

“La migración surge como un sueño de un presente y un futuro mejor, con acceso a mejores servicios de educación y de salud a los que muchas veces no es sólo que no tengan acceso en sus países, sino que son inexistentes”, explica la directora regional.

Los niños y las familias pobres a menudo solicitan préstamos para financiar su migración irregular a los Estados Unidos, lo que los deja en una situación financiera aún más precaria cuando son detenidos y devueltos sin dinero y sin posibilidad para pagar sus préstamos.

“Se trata de organizaciones criminales y personas que les prometen un futuro “peor”, como lo considero yo, cobrándole a las familias desde 3500 dólares para que puedan huir por las rutas migratorias que dicen que están libres de controles. Si se trata de un niño o una niña no acompañada esta cifra puede subir hasta 15.000 dólares”, asegura Perceval.

Además la deportación significa el fin de las remesas que suponen miles de millones de dólares perdidos para estos países centroamericanos.

“Esto no solo genera una situación de mayor vulnerabilidad para los niños y las niñas, sino también el empobrecimiento de estos países”, dice.

La violencia

La violencia de las pandillas es generalizada en muchas comunidades en el norte de América Central, con niños que son objeto de reclutamiento, abuso, e incluso asesinato.

Entre 2008 y 2016, un niño murió víctima de homicidio diariamente en Honduras, mientras que en El Salvador 365 fueron asesinados solo en 2017 y en Guatemala 942 murieron violentamente en el mismo período de tiempo.

El informe recalca que los niños y las familias que migran debido a la amenaza de la violencia pueden correr un riesgo aún mayor si son regresados a la fuerza, sin ningún tipo de apoyo o protección a estas comunidades donde antes estaban en peligro.

Muchos deportados terminan convirtiéndose en desplazados internos porque no es seguro para ellos regresar a sus hogares.

Estigmatización

“El impacto sobre los niños y las niñas, sobre su proyecto de vida, sobre su físico, el impacto emocional, no es sólo durante el trayecto migratorio, no es solo por tener que huir de sus países de origen, es cuando vuelven a sus lugares, porque realmente los niños y niñas que han sido deportados a sus países sufren situaciones severas de discriminación y hasta xenofobia”, asegura la directora regional de UNICEF.

Además, el informe recalca que los niños y familias se enfrentan a la estigmatización dentro de la comunidad por sus intentos fallidos de llegar a México o a Estados Unidos, y que además esto dificulta la reincorporación de los niños a la escuela y la de los adultos al trabajo.

El trauma de la separación y la detención

La detención y la separación familiar por parte de las autoridades migratorias son experiencias profundamente traumatizantes que pueden afectar negativamente el desarrollo a largo plazo de un niño. Mantener a las familias unidas y apoyar las alternativas a la detención son medidas clave para garantizar el mejor interés de los niños migrantes y refugiados.

“Los niños no pueden ser detenidos, la migración no es un delito y en el caso del interés superior del niño no puede existir la detención como medida”, recalca Perceval quien asegura que las cifras son estremecedoras.

Desde octubre del año pasado a junio de 2018 más de 286.300 migrantes fueron aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos, entre ellos 37.450 niños no acompañados y 68.560 familias. En México, 60.000 niños migrantes fueron detenidos entre 2016 y 2017.

“En México, si es que detienen a la mama con sus hijos, los niños que están alrededor de los 12 años son puestos en áreas separadas, lo cual es una flagrante desconsideración del interés superior del niño. Imagínense lo que es estar en un centro de detención sin poder verse, y por largos periodos de tiempo, días, y hasta meses”.

Los niños en estos centros de detención no tienen permitido salir para recibir ayuda o por fines recreativos, incluso en casos en los que el procesamiento de su solicitud de refugiado es largo, y puede tomar semanas o meses.

En abril de 2018, Estados Unidos comenzó a aplicar una política de “tolerancia cero” para enjuiciar penalmente a todos los adultos migrantes que ingresaron o intentaron ingresar al país ilegalmente. Las autoridades fronterizas también implementaron una política de detener a estos migrantes y separarlos de sus hijos.

Mientras la práctica se mantuvo vigente, 2551 niños migrantes de cinco años o mayores, y 102 menores de cinco años, fueron separados de sus padres en la frontera.

El 20 de junio la administración estadounidense emitió la orden ejecutiva 13841 para acabar con esta separación y se informó desde entonces que la mayoría de familias migrantes habían sido reunidas, pero muchas permanecen detenidas a pesar de que sus peticiones de asilo y estatus de refugiado están procesándose.

“UNICEF en Estados Unidos está trabajando a partir de la orden ejecutiva que termina la práctica de separar a los niños de sus familias. Junto a líderes sociales y religiosos estamos trabajando para que esta orden pueda respetarse plenamente y que los niños y niñas que permanecen aún separados de sus familias o en situación de detención puedan, más pronto que tarde, ser reconocidos en sus derechos y el interés superior del niño sea puesto como una prioridad”, aseguró la directora regional.

No todas son malas noticias

Maria Cristina Perceval asegura que tanto los Gobiernos como UNICEF y sus socios están trabajando no sólo para abordar las causas de la migración, sino para garantizar la protección de los niños que se embarcan en el peligroso viaje, muchas veces solos, para reunirse con sus familiares.

En el Salvador, por ejemplo, se están creando espacios y escuelas seguros, donde los niños estén resguardados de la violencia, incluso tras ser deportados.

“También proveemos asistencia legal, de nutrición, y apoyo a las familias con transferencias económicas, y fomentamos la inserción social para que no se vean agobiados por la necesidad, y la violencia”, agrega.

En Guatemala se está trabajando en protocolos con los cuerpos consulares para que asesorar a los niños y sus familias sobre sus derechos y los mecanismos disponibles de protección internacional.

“Honduras ha desarrollado un modelo fuerte, innovador y eficaz para dar apoyo psicosocial a los niños y adolescentes utilizando la modalidad de apoyo entre pares con los niños que han sido deportados”, explica Perceval. “A partir de las experiencias que ellos han vivido, pueden identificar sus sufrimientos y soluciones solidarias y creativas que les ayuden a recuperar un proyecto de vida, acceder a educación y capacitación y a una vida laboral”.

Al mismo tiempo se está trabajando en sistemas digitales que hacen seguimiento por la ruta migratoria para poder alertar a tiempo sobre los riesgos y situaciones a los que se pueden enfrentar los niños en tránsito, y en alianza con organizaciones locales prevenir cualquier violación de derechos humanos.

“En el caso de Mexico, UNICEF trabaja en asesoramiento y apoyo psicosocial a los niños, y también busca medidas alternativas a los centros de detención, con centros de cuidado y protección para los niños y niñas migrantes”, dice la directora regional

La necesidad de apoyo

En su informe, UNICEF pide un mayor apoyo para fortalecer la coordinación regional en servicios de protección a los niños y para encontrar alternativas a la detención.

Además, se necesita una mayor cooperación para fortalecer los mecanismos de reunificación familiar, para regularizar el estatus legal de los niños y para garantizar el acceso a servicios de educación de los pequeños en los países de origen, de tránsito y de destino”.

“Todo lo que hacemos es insuficiente, son miles de niños y niñas que esperan que el sistema de Naciones Unidas y UNICEF puedan profundizar y escalar sus acciones, sus programas, su influencia a los Gobiernos para que inviertan más y mejor en los sistemas de protección de los niños migrantes y que atiendan las causas profundas que hacen que las familias y los niños migren: violencia, pobreza extrema, el conflicto permanente, la indiferencia, la corrupción”, concluye Maria Fernanda Perceval.