Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hicieron un llamado para que el Ejecutivo federal establezca de manera urgente canales de diálogo de alto nivel con el gobierno y Congreso de Estados Unidos, a fin de revertir el recorte presupuestal de la Iniciativa Mérida y fortalecer este mecanismo de cooperación.

En un punto de acuerdo que presentaron en la sesión ordinaria del pasado 27 de octubre, pidieron un informe sobre las recomendaciones que han emitido diversos organismos internacionales al Estado mexicano, en materia de violaciones a los derechos humanos.

La propuesta fue suscrita por Mariana Gómez del Campo Gurza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, y turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Destacaron que, de acuerdo con un informe entregado por el Departamento de Estado al Congreso de esa nación, se decidió retener 15 por ciento de los fondos para México hasta que reciba un informe sobre el cumplimiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Los legisladores panistas puntualizaron que el monto que se retendrá producto del incumplimiento de México asciende a cinco millones de dólares, los cuales han sido reprogramados para tareas de erradicación de cocaína en Perú.

En 2010, refirieron, en México se aprobaron leyes en materia de protección a los derechos humanos que inhibieron que el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos retuvieran el 15 por ciento de recursos a la iniciativa Mérida.

Sin embargo, en el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2014, publicado en junio pasado, se destacó que existen significativos problemas en materia de derechos humanos en nuestro país, especialmente la persistente “impunidad” y la “implicación de la policía y el Ejército en graves abusos”, como en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.

Días después de darse a conocer el Informe anterior, señalaron, 82 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, John Kerry, donde le exigieron que “haga de la defensa de los derechos humanos una parte fundamental de la agenda bilateral con México”.

También mencionaron que para la Oficina para Asuntos de América Latina en Washington dicha decisión refleja la gravedad de la situación de derechos humanos que prevalece en México y la frustración del gobierno norteamericano ante la falta de voluntad del gobierno para investigar y sancionar a los responsables por estas violaciones.

Cabe recordar que en julio de este año, organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y México solicitaron formalmente al gobierno que no emitiera la certificación de cumplimiento de derechos humanos para retenerle fondos de la Iniciativa Mérida.

Ante este escenario, los legisladores propusieron exhortar al Ejecutivo Federal para que, en un plazo no mayor a 30 días, remita un informe detallado sobre el número de recomendaciones que ha recibido por violaciones a los derechos humanos de 2012 a la fecha, el grado de avance y/o cumplimiento de las mismas.

Pidieron que, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación se establezcan con carácter urgente canales de diálogo de alto nivel con el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos de América, para revertir el recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida.

Además, consideraron necesario que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envíe un reporte sobre las recomendaciones que ha emitido al gobierno federal en materia de violaciones a los derechos humanos y el estado que guardan.