Por: Oswaldo Rojas

· De los mil 900 planteles que ofrecen la licenciatura en todo el país, menos de 100 han logrado la certificación, y se debe crear una “lista negra” de aquellos abogados que han cometido prevaricato y otros delitos de ese gremio, señalaron integrantes de organizaciones ciudadanas .

Representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron, en las audiencias púbicas sobre el fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, en la urgencia de fortalecer el control de calidad de las escuelas y colegios que imparten dicha licenciatura, así como de la certificación de los 40 mil abogados que egresan cada año en el país.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Ernesto Gándara Camou, dijo que se debe cambiar el paradigma y avanzar en la legislación para que se tenga una certificación y profesionalización de los servicios legales, a fin de proteger a los usuarios de estos. “Tendremos que regular ésta y el ejercicio de otras profesiones”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Brugos García, expresó su compromiso para incentivar la regulación de los profesionales del derecho; para esto se analizará si es que ésta se dé desde la Constitución o bien a través de leyes generales.

En el segundo días de audiencias públicas, el director de la oficina para México de la iniciativa para el Estado de Derecho dependiente de la Barra de Abogados (Aba Roli México), Alonso González Villalobos, advirtió que de no contar con normas deontológicas modernas, la clase jurídica “no podrá graduarse nunca en el examen que distingue la mediocridad y la tranza, de la excelencia y la honestidad”.

Para ello, se pronunció por establecer controles para la certificación periódica de conocimientos y la colegiación de los prestadores de servicios profesionales de derecho. Debe haber controles verticales, transversales y que establezcan exámenes conforme las reglas internacionales, precisó.

El director del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C (CEEAD), Luis Pérez Hurtado, resaltó la importancia de fortalecer y coordinar los mecanismos de certificación de escuelas y colegios que ofrecen la licenciatura en Derecho, los cuales crecen a un ritmo de tres planteles por semana.

Hasta hoy, manifestó, no hay un mecanismo para saber cuál de los programas de licenciatura en Derecho realmente es una licenciatura y cuál realmente faculta a un egresado para representar a una persona frente a un tribunal. De los mil 900 planteles que ofrecen la licenciatura, menos de 100 han logrado la certificación.

Consideró urgente la certificación y colegiación de los profesionales, ya que cada año que se deja pasar sin un mecanismo específico concreto para asegurar la formación jurídica de calidad se envía al mercado a casi 40 mil nuevos abogados.

Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación superior (FIMPES), refirió que la cifras oficiales dan a conocer que en México existen 7.6 millones de profesionistas, de estos 700 mil ejercen la profesión de abogados; por otro lado, al año se gradúan cerca de 500 mil nuevos profesionistas.

De ser retroactiva la certificación y recertificación, dijo, sería un procedimiento extremadamente costoso y complejo. La propuesta es que los esquemas que se pueden implantar permitan medir todo lo relacionado con el fortalecimiento de la calidad y ética de los servicios jurídicos, agregó.

El presidente de RENACE, Ernesto Canales Santos, manifestó su desacuerdo respecto la falta de un sistema práctico y eficiente que sirva para controlar la conducta de los abogados, los bienes que manejan, la capacitación que requiere su práctica y la confianza que generan. Aun cuando esto sea complejo, no debe ser un motivo para no regular los servicios jurídicos, comentó.

Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, investigador independiente, se pronunció a favor de regular los servicios jurídicos porque representan la protección de la libertad, seguridad jurídica y el patrimonio de los ciudadanos. Sin embargo, dijo, el Estado no tiene la capacidad de supervisar la certificación y colegiación de los abogados.