Por: Redacción 

Representantes de organismos internacionales y de asociaciones civiles, expusieron a diputados la necesidad de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 destine recursos a las procuradurías federales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar los derechos de los pequeños migrantes.

Dichas procuradurías requieren de 6.5 millones de pesos (mdp) cada una para funcionar de manera eficiente, y de 200 mdp para ampliarse en las 32 entidades del país, precisaron.

El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social), comentó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé la atención de menores migrantes en los DIF estatales, por medio de esas procuradurías.

Sin embargo, hoy el servicio es deficiente. “Se debe otorgar a los infantes una correcta atención, pero el asunto viene descobijado en el presupuesto del próximo año”.

Afirmó que estas instituciones no funcionan de forma deseable e, incluso, el Instituto Nacional de Migración, en algunos casos, atiende a niños en estaciones migratorias, cuando a los DIF les es imposible participar, pero eso no puede ser, porque la ley no lo permite.

Mencionó que etiquetar esos recursos ayudaría a resolver violaciones a derechos de los infantes. “Los diputados somos el conducto para que en el PEF se logre destinar dinero a las procuradurías estatales que atienden un asunto tan vulnerable”.

El integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI), sostuvo que la Cámara de Diputados busca reorientar el presupuesto para dar a las procuradurías la mínima garantía de operación, así como a las instituciones que trabajan por las causas más sentidas del país.

El legislador explicó que en el presupuesto no se pretende afectar el gasto social, sino, por el contrario, orientarlo a garantizar los derechos humanos.

Destacó que el propósito de la reunión con las comisiones, es recopilar las propuestas de instituciones, asociaciones y demás organismos que permitan ayudar a reorientar el gasto y, con ello, dar operatividad al ordenamiento de protección a la niñez y no se quede sólo en palabras.

El representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Christopher Gascón, consideró que es vital apoyar a las procuradurías federales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues atienden a un grupo en situación delicada.

Además, dijo, a la OIM le interesa que estos organismos de defensa tengan la fortaleza para combatir la trata de niños migrantes. Por ello, enfatizó, “es indispensable robustecerlos, a través de un presupuesto garantizado que nos permita avanzar”.

Christian Skoog, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, expresó su preocupación por la falta de fondos para la operación de las procuradurías de protección infantil. “La ley para niñas, niños y adolescentes es ambiciosa, pero si no hay presupuesto, sólo significan palabras”.

Destacó que para lograr la operación de 32 procuradurías en la República se requieren cerca de 200 millones de pesos. Indicó que estas instituciones son fundamentales para la protección de los derechos de los niños, toda vez que se encarga de investigar y evaluar los casos donde los derechos de cada niño han sido vulnerados.

Mark Manly, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), planteó que México requiere atender a los albergues y proteger a niños desplazados acompañados y no acompañados; para ello, puntualizó, se necesita de un presupuesto de alrededor de 132 millones de pesos.

Explicó a los legisladores que, en los últimos cinco años, México ha tenido un aumento de casi 1000 por ciento de personas que solicitan protección o asilo, debido a que en sus naciones son víctimas de violencia.

Este fenómeno se puede explicar por la presencia del narcotráfico, en el que se observan altos niveles de homicidio de infantes; por ello, justificó, es fundamental que se fortalezcan las procuradurías, para la atención de los niños migrantes y solicitantes refugiados.

Propuso a los diputados aplicar un protocolo para identificar necesidades de niños desplazados y reforzar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que es la institución encargada de determinar quién cumple con los elementos para ser refugiado o no. Además, demandó garantizar la protección de los menores en estaciones migratorias.

En representación de Fundar, José Knippen, reiteró que las procuradurías estatales deben recibir recursos para su funcionamiento. Pidió a los diputados retomar las propuestas y, sobre todo, destinar capital específico para ayudar a los niños migrantes.