Por: Redacción/

Los congresos de Querétaro, Guanajuato y Baja California deben atender las demandas para asegurar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación laica e inclusiva, que les proporcione información científica sobre su sexualidad y evite consecuencias lamentables como el embarazo de menores o la interrupción de su proyecto de vida.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, agregó que las reformas legales no pueden estar sustentadas en creencias o en opiniones carentes de respaldo científico, “ni en pretensiones de carácter conservador que limitan o menoscaban el ejercicio de los derechos fundamentales”.

De lo contrario, consideró, se legislaría en contra del avance progresivo de los derechos humanos y las obligaciones constitucionales que como servidoras y servidores públicos hemos asumido.

La senadora explicó, en su punto de acuerdo, que en algunos congresos locales se han discutido y aprobado diversas iniciativas relacionadas “con un control parental a priori” sobre los contenidos educativos que se impartirán en las escuelas públicas de algunas de esas entidades.

Bajo la nomenclatura de “Pin parental”, con estas modificaciones las madres y padres de familia podrían permitir o rechazar que sus hijas e hijos recibieran educación en temas de sexualidad y género.

Dado que varias de estas iniciativas se encuentran pendientes, como sucede en Querétaro, Guanajuato y Baja California, Mícher Camarena presentó un punto de acuerdo para solicitar que, en las eventuales discusiones parlamentarias, se garanticen los derechos de los menores a recibir una educación laica, científica, equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Destacó que conforme a la Secretaría de Gobernación “las reformas planteadas posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos, al trasladar a madres y padres de familia un amplio veto sobre éstos”.

Recordó que la edad promedio del inicio de la vida sexual de las mujeres se ubica alrededor de los 16 años. Como consecuencia de estas tendencias, subrayó, también el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 15.6 a 18.7 por ciento sólo entre 2003 y 2012. La propuesta de la senadora fue turnada a la Segunda Comisión.