Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado exigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que respeten la metodología para el cálculo de las tarifas eléctricas, prevista originalmente en el Acuerdo A/058/2017 para el año 2018, con el objetivo de frenar el aumento de los costos de la luz para uso comercial e industrial.

En conferencia de prensa, acompañado de las senadoras y los senadores del PAN, el coordinador Damián Zepeda Vidales indicó que ambas dependencias deben tomar las medidas pertinentes para establecer una metodología de precios clara, asequible, accesible, oportuna, justa y sostenible para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas.

Al explicar el punto de acuerdo que será presentado en la sesión ordinaria, el senador Julen Rementería Del Puerto señaló que el alza exorbitante de tarifas eléctricas pone en riesgo una gran cantidad de empleos y la vida de muchas empresas en estados como Coahuila, San Luis, Baja California, Veracruz, Querétaro y Quintana Roo, entre muchos otros.

Mediante esta propuesta, dijo, se pide dar puntual descripción de la forma en que han aumentado las tarifas, y exigir a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, que las tarifas sean justas, que sean accesibles y que puedan significar la viabilidad y continuidad de la planta laboral.

Subrayó que dichos incrementos no sólo se han reflejado en la industria o el pequeño comercio, sino también en las tarifas de servicio doméstico.

Anunció que el próximo 30 de octubre sostendrá el Grupo Parlamentario una reunión con las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía y con la Comisión Federal de Electricidad, para hacer efectiva la reducción de las tarifas de energía que pagan en este país los ciudadanos.

“Los incrementos van en muchos casos más allá del 100 por ciento. En algunos casos, negocios, medianos negocios hoy ya están alcanzando precios de hasta un millón de pesos al mes, algunos de ellos tienen a lo mejor 60 o 70 empleados. Esto no puede seguir sucediendo así. Tiene que haber una reducción y tiene que haberla ya”, advirtió.

En la exposición de motivos de la propuesta se indica que la ley faculta a los órganos rectores para determinar la metodología del cálculo de las tarifas y señala claramente, en su artículo décimo noveno transitorio, que esta metodología debe tener el objetivo de minimizar los precios del suministro básico de energía. “Lamentablemente, somos testigos de que ha sucedido exactamente lo contrario: los costos de las tarifas eléctricas para el sector industrial han aumentado en el último año hasta en un 125 por ciento”, indicaron.

El 23 de noviembre de 2017, la Comisión Reguladora de Energía publicó el Acuerdo A/058/2017, en el cual establece la metodología para calcular las tarifas eléctricas que aplicaría de enero a diciembre de 2018, expone la propuesta.

“El alza en las tarifas al sector industrial trae como consecuencia un incremento en la inflación, motivo por el cual el aumento en las tarifas eléctricas de servicios también repercute directamente en la economía de las familias mexicanas con el rebote inflacionario”, se establece.

Posteriormente, el 3 de mayo de 2018 se publicó otro acuerdo, el A/017/2018, con el que se modifican los criterios relativos a las tarifas finales del suministro básico de energía para el periodo de abril a diciembre de 2018.

Sin embargo, el 13 de septiembre de 2018 la CFE publicó un tercer Acuerdo (A/032/2018), mediante el cual se hace una tercera modificación a las tarifas finales del servicio básico, ahora para el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2018.

“Estos aumentos injustificados contradicen lo estipulado en el artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, que establece que uno de los objetivos de la determinación y aplicación de las metodologías y las tarifas finales del suministro básico es promover el desarrollo eficiente de la industria”, consideraron los senadores del PAN.

“En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos comprometidos con la defensa de la economía familiar y con el desarrollo de la industria de nuestro país como generadora de empleo y bienestar social; por lo tanto, consideramos de primordial importancia generar mejores condiciones para ese sector en pro de la competitividad”, expusieron.