La senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza hizo un llamado a diferentes autoridades para que implementen acciones tendientes a evitar que los programas sociales de la Ciudad de México sean utilizados con fines político-electorales, así como para sancionar a los servidores públicos que violen esa prohibición.

Mediante un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, avalado por el pleno de la Comisión Permanente, la legisladora hizo extensivo su exhorto al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, al presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, al titular de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, al contralor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Además, pidió al Gobierno de la Ciudad de México supervisar los programas de empleo temporal que implementó justo durante el proceso electoral.
Asimismo, solicitó al Jefe Delegacional en Coyoacán respetar el artículo 134 de la Constitución y aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia electoral entre los partidos políticos.

Lo anterior, recordó, debido a que el pasado 22 de mayo se dio a conocer, a través de medios de comunicación, que en la Delegación Coyoacán se repartieron tinacos en la Colonia Ajusco, presuntamente a cambio de votos a favor del Partido de la Revolución Democrática, instituto que postuló al actual Jefe Delegacional, José Valentín Maldonado Salgado, y al diputado local Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

La senadora Gómez del Campo Gurza denunció que a través del programa de empleo temporal implementado durante el presente proceso electoral, los 2 mil 500 trabajadores temporales contratados por la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, reciben un salario bruto de más de 4 mil quinientos pesos mensuales, “lo que multiplicado por el número de trabajadores, arroja una cifra de más de 11 millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad de México está utilizando con fines más que dudosos, justo en tiempo electoral”.

Señaló que el Partido de la Revolución Democrática se ha apropiado, para usar en su propaganda electoral, de los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales son de carácter público y ajenos a cualquier partido político.
Ante ello, agregó, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ya recibió denuncias en cuyas pruebas se puede constatar que la propaganda del Partido de la Revolución Democrática presume los programas sociales públicos como programas ligados a dicho partido político.

Gómez del Campo Gurza consideró que con el fin de evitar que, tanto el Gobierno de la Ciudad de México, como las delegaciones gobernadas por el Partido de la Revolución Democrática, utilicen los programas sociales que son de carácter público, con fines político-electorales, “se deben establecer mecanismos que brinden un adecuado seguimiento y evaluación de todos los programas sociales de la Ciudad de México, independientemente de la instancia de gobierno que los aplique”.