Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para que se reconozcan expresamente los derechos de los pueblos afrodescendientes en la Constitución federal y en las cartas magnas de los estados.

Mediante un ofició que envió a la Comisión Permanente, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos afrodescendientes es una necesidad que no puede esperar, pues negarles este derecho es condenarlos a seguir en el olvido.

También remitió a los legisladores el Estudio Especial de la CNDH sobre la Situación de la Población Afrodescendiente de México, a través de la Encuesta Intercensal 2015, donde se señala que este sector ha sufrido históricamente “y continúa sufriendo exclusión, racismo y discriminación”, además de no ser considerados en las políticas sociales, legislaciones ni en la producción estadística.

Con ello, se da lugar a una invisibilización que es una de las peores formas de discriminación hacia un pueblo, se subraya.

Entre sus demandas se encuentran el acceso a la educación, salud, el desarrollo económico, la preservación de su cultura, la consulta previa, libre e informada y la participación política, lo cual ha generado discusiones sobre el respeto a los derechos y a la libre determinación.

Refiere que la población afrodescendiente vive en todo el país, pero se concentra principalmente en tres estados con “regiones tradicionales”: Guerrero, Oaxaca y Veracruz, además del Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León, que en conjunto concentran 85.8 por ciento de la población en hogares afrodescendientes.

Este sector poblacional en Veracruz y Oaxaca vive en localidades rurales y medias; mientras que en Guerrero se ha ido desplazando hacia ciudades medias y grandes. Por su parte, los que han migrado hacia la Ciudad de México y Nuevo León, así como, en menor medida el Estado de México, buscan las oportunidades que brindan las grandes urbes.

En la actualidad la mitad de la población afrodescendiente habita en localidades de 100 mil o más habitantes y sólo 21.8 por ciento reside en zonas rurales.

Se destaca que en los municipios de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde reside la población afrodescendiente, son regiones donde CONEVAL reporta en 2010 altos niveles de pobreza y la población enfrenta problemas para acceder a servicios de salud, educación media superior, así como para tener viviendas de calidad con todos los servicios.

“Las dificultades de la población afrodescendiente para acceder a servicios que garantizan sus derechos humanos se manifiestan desde temprana edad: el porcentaje de niños y niñas en hogares afrodescendientes de 0 a 3 años que no cuenta con registro de nacimiento es 6.6 por ciento, lo que impide acceder a los derechos derivados de este registro”, se agrega.

Asimismo, se resalta que persisten importantes diferencias en el campo de la educación, pues entre 2 y 3 por ciento de los jóvenes afrodescendientes no tienen escolaridad. Por otro lado, prevalecen las dificultades para acceder a servicios de salud, pues 18.2 por ciento de esta población no cuenta con afiliación a algún tipo de servicio de este tipo.

En el ámbito laboral se indica que poco más de 40 por ciento de la población afrodescendiente ocupada no cuenta con prestaciones en sus trabajos; 55.8 por ciento de los hombres y 48.9 por ciento de las mujeres no tienen licencias o incapacidades con goce de sueldo; además de que 48.3 por ciento de los hombres y 43.2 por ciento de las mujeres no cuentan con servicio médico proveniente de su trabajo.

Ante este panorama, el titular de la CNDH manifestó que la atención a las demandas relativas a educación, salud y desarrollo económico, preservación de su cultura, participación política, entre otras son retos importantes que demandan solución.

Se debe comenzar con la visibilización de las poblaciones afrodescendientes por parte del Estado y el orden jurídico, empezando por la Constitución federal y de las entidades, así como en las disposiciones legales ordinarias, enfatizó.

El estudio se envió a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Senadores y de Diputados.