- “El objetivo es resolver de manera conjunta, pronta y expedita las posibles violaciones en materia de fiscalización”, así lo apuntó la comisionada Adriana Favela.
Por: Redacción/
La Consejera Adriana Favela aseguró que el proyecto aprobado propone que “la instancia fiscalizadora se haga cargo de manera integral de dichas cuestiones, a fin de resolver de manera conjunta, pronta, expedita y en el mismo momento procesal estos procedimientos”.
Con ello, añadió, se dotará de sistematicidad y funcionalidad al modelo de sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores materia de fiscalización.
Con lo anterior, explicó, será posible realizar “los cambios y modificaciones atenientes al Reglamento de Fiscalización, así como al Reglamento de Procedimientos Sancionadores a efecto de que se establezca de manera expresa que los procedimientos, la revisión de los informes, los dictámenes consolidados y las resoluciones que se emitan son la vía jurídica para la tramitación de toda conducta o hecho relacionado con la materia de fiscalización”.
Con base en esta modificación, “se amplía el espectro de sujetos obligados en materia de fiscalización a toda persona física o moral que tenga injerencia alguna sobre el origen, destino y monto de los recursos que son fiscalizados. El proyecto también establece que los cambios normativos deberán realizarse una vez concluidos los procesos electorales federal y concurrentes que están en curso”, precisó.
“También propone que los procedimientos que actualmente se encuentran en trámite sean sustanciados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a fin de no afectar el principio de certeza y los tiempos de avances procesales de los mismos”, agregó.
La Consejera Adriana Favela agradeció a las consejeras Claudia Zavala, Carla Humphrey y a los consejeros Uuc-kib Espadas, Ciro Murayama y Jaime Rivera “sus valiosas aportaciones al presente proyecto de acuerdo”.
Consejeras y consejeros avalan modificación
La Consejera Dania Ravel celebró que este proyecto de acuerdo “dote de nuevas herramientas a la Unidad Técnica de Fiscalización para que ésta analice y modifique las inconsistencias conceptuales e inclusive, de ser el caso, las procesales a efecto de lograr una justicia más integral expedita e idónea”.
Lo anterior, “no sólo para los entes públicos, como son los partidos políticos, sino también para las personas físicas y morales que pudiesen vincularse a la trama administrativa procesal de la fiscalización de recursos en materia electoral”.
“De esta manera permitiremos que las unidades técnicas de este Instituto sumen nuevos esfuerzos conjuntos con el propósito de identificar áreas de oportunidad y, sobre todo, a efecto de robustecer nuestro andamiaje reglamentario en favor de los principios de transparencia, certeza, definitividad y expedites”, concluyó.
En su oportunidad, la Consejera Carla Humphrey argumentó que con esta modificación “este Consejo General establece bases ciertas y claras para garantizar mayor certeza en los procesos ante los sujetos obligados y la ciudadanía”.
Pero, además, “se garantizará la integralidad y exhaustividad de los procedimientos al establecerse en la Unidad Técnica de Fiscalización que podrá, como parte de los procedimientos de su competencia, conocer de aquellas faltas o irregularidades que, si bien corresponderían a un ámbito distinto al de la fiscalización, sí derivan de este tipo de procedimientos”, dijo.
“Este Consejo General en ejercicio de sus atribuciones, pero también siendo sensible a las demandas de la sociedad de contar con autoridades eficientes y expeditas en su gestión, busca la constante y permanente mejora y perfeccionamiento de sus normas y procedimientos. Este proyecto es prueba de ello”, resaltó.
Por su parte, el Consejero Martín Faz destacó que con esta aprobación “podremos actuar con mayor celeridad y congruencia para sancionar en una única resolución a todos los involucrados en la comisión de la infracción a la normatividad electoral”.
“La nueva propuesta de interpretación permitirá realizar una valoración integral y congruente de todas las conductas antijurídicas, tanto a quienes hoy son sujetos obligados en el reglamento respectivo, como la de otros posibles responsables como proveedores u otras personas físicas o morales que realicen operaciones comerciales con los primeros o estén involucradas en alguna investigación”, sostuvo.
La Consejera Claudia Zavala enfatizó que con este acuerdo “no se va a romper la continuidad procesal porque va a permitir que en el mismo momento, con la misma fotografía, en ese preciso proceso con los mismos hechos y contexto, se juzgue a todos aquellos sujetos que intervinieron en una infracción o no infracción”.
El Consejero Ciro Murayama agradeció y reconoció la iniciativa hecha por la Consejera Claudia Zavala quien reparó que el modelo antes vigente “no era el más adecuado para atender las faltas en materia de fiscalización no cometidas por los sujetos directamente obligados, como son partidos, aspirantes, precandidatos y candidatos, sino por terceros”.
“Lo que estamos haciendo es darle más orden al trabajo. Se tendrá una sola mirada cuando se detecte una infracción, habrá una atención más expedita y también habrá resoluciones con un menor riesgo de ser incompletas o contradictorias, dado el desfase procesal”, añadió Murayama.
La Consejera Norma De la Cruz y el Consejero José Roberto Ruiz no acompañaron el proyecto aprobado.
En sesión extraordinaria convocada al término de la primera, el Consejo General del INE aprobó la creación de la Comisión de carácter temporal del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, misma que será presidida por la Consejera Claudia Zavala e integrada por las consejeras Norma De la Cruz, Adriana Favela, Carla Humphrey y el Consejero Ciro Murayama.
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